La Autoridad Palestina ha seguido defendiendo su controvertida política de pagar estipendios a los terroristas palestinos, heridos o a las familias de los muertos por Israel cuando atacaban, a pesar de las críticas internacionales.
“El presidente continúa la batalla por las pensiones de los prisioneros y mártires. Recibirán el pan de cada día”, dijo el portavoz presidencial de la AP, Nabil Abu Rudeinah, en la televisión oficial de la AP a finales de enero.
Ramallah pagó alrededor de 600 millones de NIS (187 millones de dólares) en salarios para los terroristas palestinos en 2020, según un alto funcionario de la Organización para la Liberación de Palestina.
La práctica de pagar indemnizaciones a los condenados por llevar a cabo atentados terroristas y a las familias de los que mueren mientras los llevan a cabo -a menudo denominada por algunos funcionarios israelíes como política de pago por muerte- ha sido puesta en la picota por los críticos como un incentivo al terror.
Los líderes palestinos han defendido durante mucho tiempo los pagos, describiéndolos como una forma de bienestar social y una compensación necesaria para las víctimas del sistema de justicia militar de Israel en Cisjordania.
“¿Por qué tenemos que aclarar y justificar la prestación de asistencia a las familias de los presos y mártires, que son las víctimas de la ocupación y de sus políticas opresivas? No podemos abandonar a nuestro pueblo y seguiremos esforzándonos por liberar a todos nuestros presos”, dijo el presidente de la AP, Mahmud Abbas, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre.
Estados Unidos ha presionado a Ramala para que ponga fin a esta política durante el gobierno del presidente Donald Trump. En 2018, el Congreso aprobó una ley que prohíbe al gobierno estadounidense enviar ayuda a la AP hasta que ponga fin a esta práctica. El asunto sigue siendo una manzana de la discordia clave entre las dos partes.
Durante una visita en noviembre, la diplomática estadounidense Linda Thomas-Greenfield le dijo a Abbas que evitara “los pagos a individuos encarcelados por terrorismo”, según una lectura estadounidense.