En un paso importante para la ayuda humanitaria en Gaza, Japón ha anunciado su intención de restablecer la financiación al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), que desempeña un papel crucial en la coordinación de la ayuda a la región.
Tras haber sido uno de los principales donantes, el país suspendió sus aportaciones después de que Israel acusara a los empleados de la UNRWA en Gaza de complicidad en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que se saldó con una masacre.
La decisión de reanudar la financiación se produce tras una reunión entre Yoko Kamikawa, ministra de Asuntos Exteriores de Japón, y Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, en la que se discutieron las acciones puestas en marcha por la agencia para mejorar su gobernanza y garantizar la transparencia de sus operaciones. Según declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, ambas partes han acordado avanzar en la coordinación de la reanudación del apoyo financiero de Japón.
Los medios de comunicación japoneses indican que el restablecimiento de la financiación, interrumpida desde enero, está previsto para las primeras semanas de abril. Esta pausa en el apoyo financiero había puesto en riesgo la capacidad de la UNRWA para proporcionar asistencia vital en Gaza, donde Naciones Unidas ha advertido del peligro de una hambruna.
Otros países como Australia, Canadá y Suecia ya han comunicado su decisión de reactivar la ayuda a la UNRWA este mes. Lazzarini aseguró recientemente que, gracias a estas aportaciones, la agencia cuenta con los recursos necesarios para continuar sus operaciones hasta finales de mayo.
En la reunión, Kamikawa hizo hincapié en la «importancia de garantizar la transparencia y trazabilidad de los flujos de fondos y la neutralidad del personal de la UNRWA», según el comunicado del ministerio.
En respuesta a las acusaciones de Israel, Naciones Unidas ha puesto en marcha investigaciones internas e independientes, aunque señala que Israel no ha aportado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones contra los trabajadores de la agencia.
