La posible retirada de la agencia de ayuda humanitaria palestina UNRWA genera tensiones entre Naciones Unidas e Israel, que no logran un acuerdo sobre quién asumiría sus funciones en Gaza y Judea y Samaria tras la entrada en vigor de una ley israelí este mes.
El funcionamiento de la UNRWA en los territorios palestinos sigue activo, aunque su continuidad es incierta debido a la normativa que impedirá a la agencia mantener contacto con autoridades israelíes y operar en territorio bajo control de Israel.
Desde octubre, ambas partes han intercambiado comunicaciones oficiales respecto a esta situación. En su respuesta, la ONU destacó que no corresponde al organismo asumir las funciones de la UNRWA en Gaza, Judea y Samaria y Jerusalén Oriental, territorios considerados bajo ocupación israelí según el derecho internacional.
El secretario general de la ONU, António Guterres, envió una carta a la Asamblea general y al Consejo de Seguridad advirtiendo que Israel tendría la responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios prestados por la UNRWA si esta deja de operar. Subrayó que, aunque otras agencias de la ONU podrían ofrecer ayuda limitada, esto no eximiría a Israel de sus obligaciones internacionales.
Según el derecho internacional, los territorios de Gaza, Judea y Samaria y Jerusalén Oriental son ocupados por Israel, lo que impone a la potencia ocupante el deber de facilitar programas de socorro y garantizar condiciones básicas de salud, higiene y alimentación para la población.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, respondió el 18 de diciembre que la nueva ley no viola los compromisos internacionales de Israel. Además, rechazó la afirmación de que Israel deba asumir los servicios proporcionados por la UNRWA en caso de su retiro.
Danon argumentó que Gaza está fuera del control efectivo de Israel, por lo que no se le considera una potencia ocupante en esa zona. En Judea y Samaria, recordó que la Autoridad Palestina se encarga de los asuntos civiles, mientras que en Jerusalén Oriental aseguró que los residentes tienen garantizados los servicios municipales y gubernamentales conforme a la ley israelí.
Sin embargo, la anexión de Jerusalén Oriental por parte de Israel no ha sido reconocida por la comunidad internacional, lo que mantiene abierto el debate sobre las responsabilidades legales en estos territorios.