Donald Trump, presidente de Estados Unidos, autorizó sanciones económicas y restricciones de viaje contra personas involucradas en investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre ciudadanos estadounidenses o aliados como Israel. Esta decisión reitera medidas similares adoptadas durante su primer mandato.
El anuncio coincidió con la visita a Washington del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien la CPI ha emitido una orden de arresto en relación con la guerra de Gaza iniciada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. La corte también emitió órdenes de captura contra tres líderes de Hamás, quienes han sido abatidos, aunque hasta ahora solo se han anulado dos de dichas órdenes.
Trump justificó su decisión acusando al tribunal de “abuso de poder” tras las investigaciones y órdenes de arresto contra Netanyahu y militares estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán. El mandatario aseguró que la CPI ha actuado de forma “ilegítima” y “sin fundamentos” contra Estados Unidos y sus aliados.
Hasta el momento no se han revelado los nombres de los sancionados. En 2020, durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI Fatou Bensouda y su asesor principal por investigaciones relacionadas con las tropas estadounidenses en Afganistán. Estas sanciones fueron levantadas en 2021 por el presidente Joe Biden.
La CPI, con sede en La Haya y conformada por 125 países miembros, es responsable de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidios y actos de agresión. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel forman parte de esta corte.
La CPI aún no ha emitido comentarios sobre la nueva orden ejecutiva. Las sanciones implican la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de ingreso tanto para las personas sancionadas como para sus familiares.
En respuesta a posibles sanciones, el tribunal ha implementado medidas de contingencia. Según fuentes de Reuters, ha adelantado salarios a su personal por tres meses para mitigar el impacto de restricciones financieras que podrían afectar gravemente su operación.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, advirtió en diciembre que las sanciones podrían comprometer el funcionamiento de la corte en todos sus casos y poner en riesgo su existencia.