Una nueva ley impide el ingreso a Israel de individuos que rechacen el Holocausto o las atrocidades perpetradas por Hamás el 7 de octubre de 2023. La Knéset aprobó la medida con 12 votos a favor y ninguno en contra en su tercera y última lectura.
El diputado de Nueva Esperanza, Mishel Buskila, promovió esta legislación, que amplía una prohibición previa contra quienes impulsan boicots contra Israel. La norma también afecta a quienes exigen el enjuiciamiento de israelíes por acciones realizadas durante su servicio en las FDI o en otros organismos de seguridad. Además, se extiende a empleados de organizaciones que emitan tales declaraciones.
«Israel, como cualquier nación, debe proteger su integridad, a su población, a sus soldados y su identidad nacional», declaró Buskila. «Numerosos países impiden el ingreso de grupos hostiles que amenacen a sus fuerzas de seguridad. Israel es una democracia, pero no es ingenuo. Quienes lo respalden serán bienvenidos. Quienes busquen socavar su existencia, negar crímenes históricos o atacar a sus ciudadanos y soldados, no tienen cabida aquí».
El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás cruzaron la frontera con Israel, asesinaron a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes. Durante el ataque, cometieron actos de extrema violencia y agresiones sexuales.
En noviembre, la Corte Penal Internacional ordenó la detención del primer ministro Benjamin Netanyahu y del exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad durante la ofensiva israelí contra Hamás tras el 7 de octubre.
En enero, un soldado de las FDI que sobrevivió al ataque de Hamás en el festival Nova huyó de Brasil para evitar una investigación por crímenes de guerra. El martes, dos reclutas de las FDI que vacacionaban en Ámsterdam fueron enviados de regreso a Israel tras la presión de grupos propalestinos que buscaron emitir órdenes de arresto contra ellos.
La iniciativa de Buskila avanzó menos de un mes después de que la Knéset aprobara una ley que penaliza la negación, minimización o celebración del ataque del 7 de octubre. Impulsada por el diputado Oded Forer, de Yisrael Beytenu, esta normativa se fundamenta en una legislación de 1986 que prohíbe la negación del Holocausto. Según su texto, quienes defiendan a Hamás o justifiquen la masacre enfrentarán penas de hasta cinco años de prisión.
Las expresiones hechas con fines legítimos, como en investigaciones o procesos judiciales, quedan exentas de sanciones. Sin embargo, la ley despertó dudas sobre la libertad de expresión y sus repercusiones en los procesos penales relacionados con el 7 de octubre.
A inicios de 2024, la fiscal general Gali Baharav-Miara manifestó su oposición a la norma, argumentando que los juicios basados en ella podrían dificultar el procesamiento de miembros de Hamás al requerir la revelación de pruebas sensibles.
Pese a que la iniciativa surgió pocos meses después de la masacre, las leyes sobre la memoria del Holocausto en otras naciones fueron aprobadas años después del genocidio europeo, cuando los crímenes ya habían sido históricamente reconocidos, señaló Baharav-Miara.
La penalización de la negación del ataque del 7 de octubre generó inquietud entre algunos defensores de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. También se cuestionó su impacto en los numerosos procesos judiciales contra ciudadanos árabes israelíes, acusados de incitación e identificación con grupos terroristas tras el inicio de la guerra en Gaza.