Los ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu discutirán este domingo una moción de censura contra la fiscal general Gali Baharav-Miara. La iniciativa profundiza la guerra entre el poder ejecutivo y el sistema judicial de Israel, tras una serie de choques entre ambas partes. La fiscal ha sido una figura crítica frente a proyectos clave del gobierno, lo que ha desatado controversias sostenidas.
La intención de remover a Baharav-Miara se conoció pocas horas después de que el gabinete aprobara la destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, una decisión que también ha despertado cuestionamientos públicos. Para sectores críticos, estas maniobras buscan reforzar el control del gobierno sobre instituciones independientes del Estado.
Un informe de 86 páginas elaborado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y distribuido a los ministros antes de la sesión, recopila acusaciones contra la fiscal. El documento, divulgado por la emisora pública Kan, la señala por actuar como “el brazo largo de los opositores al gobierno” y por usar todos los recursos a su alcance para “obstruir la voluntad de los votantes”. Este tipo de afirmaciones coinciden con el discurso del entorno de Netanyahu, que desde hace tiempo cuestiona la legitimidad de sus decisiones, especialmente en lo relativo a reformas judiciales promovidas en años recientes.
Fiscal general es acusada de crear sistema legal parcial en Israel
El informe presentado por el ministro de Justicia Yariv Levin acusa a Gali Baharav-Miara de explotar la división política del país para establecer “dos sistemas legales”: uno que favorece a los opositores al gobierno y otro que perjudica a sus partidarios. Estas afirmaciones refuerzan las denuncias sobre su presunta parcialidad, destacadas en medios como Israel National News, que han documentado su influencia en decisiones que involucran a ministros cercanos a Netanyahu.
Levin sostiene que la Oficina del Fiscal general ha dejado de ser una entidad jurídica para transformarse en “una autoridad política tiránica”. Desde su perspectiva, Baharav-Miara ha pasado a ser un freno directo a las políticas del gobierno. El proceso formal para su destitución comenzó el 5 de marzo, con acusaciones de politización del cargo y bloqueos sistemáticos a iniciativas legislativas, incluidas medidas sobre seguridad nacional y regulación de la oposición.
El debate del domingo marca el inicio de un procedimiento extenso, con múltiples pasos legales e institucionales. Si el gabinete aprueba la moción de censura, se activará la intervención del comité público de cinco miembros, responsable de recomendar la destitución. Actualmente, este órgano no puede operar por falta de dos integrantes, lo que ha despertado sospechas sobre una posible estrategia oficialista para influir en su composición.
Una vez que el comité se conforme, Baharav-Miara dispondrá de una audiencia pública para presentar su defensa. Esta etapa será clave en la cobertura mediática, por su potencial para acentuar la división política. Después, el comité emitirá una recomendación, aunque el Ejecutivo no tiene obligación legal de acatarla. Aun así, deberá conceder una segunda audiencia directa a la fiscal general.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia evaluará cualquier recurso interpuesto contra la decisión, como última instancia del proceso. Esta revisión será decisiva, dada la función histórica del tribunal como contrapeso frente a posibles abusos del poder Ejecutivo, una dinámica ampliamente examinada por Israel National News.
Netanyahu ve a la fiscal como símbolo de resistencia judicial al gobierno
La raíz de la guerra con Gali Baharav-Miara se encuentra en una disputa más amplia por el control de las instituciones del Estado. Para el gobierno de Netanyahu, su gestión encarna la oposición del llamado “Estado profundo” o de sectores judiciales que, según sus aliados, bloquean las políticas de la coalición derechista. Su rechazo a reincorporar a figuras polémicas al gabinete y su papel en investigaciones que involucran al primer ministro han reforzado la imagen de una fiscal enfrentada al poder político.
En contraste, quienes la respaldan aseguran que su labor responde a una obligación institucional de defender el Estado de derecho frente a posibles abusos del Ejecutivo. Este respaldo subraya su compromiso con la independencia judicial en un contexto de presiones crecientes.
La moción de censura contra Baharav-Miara se inscribe así en una larga confrontación entre el aparato gubernamental y el poder judicial. Israel National News ha documentado detalladamente este pulso institucional, destacando su relevancia para el futuro de la democracia en el país. Lo que ocurra en los próximos meses podría no solo decidir el destino de la fiscal general, sino alterar de forma duradera el balance entre los poderes del Estado en Israel.