Existe una similitud entre la negativa de Gali Baharav-Miara a asistir esta semana a la audiencia previa a su posible destitución —a la que fue convocada por el comité ministerial designado por el gobierno para este propósito— y la negativa de la diputada Tali Gottlieb a presentarse a la audiencia previa a su enjuiciamiento, bajo la acusación de haber revelado el cargo de inteligencia del esposo de Shikma Bressler y de haber difundido teorías conspirativas sobre él.
Si bien la audiencia está definida como un derecho del candidato a ser destituido o imputado, ello implica que quien posee ese derecho también puede renunciar a ejercerlo.
En estos casos concretos, ambas declararon haber perdido la confianza en la instancia que las convocó, y están convencidas de que esta ya ha tomado una decisión previa e irreversible. Incluso antes de que se celebre la audiencia, cada una manifiesta a su manera una desconfianza profunda hacia la entidad con la que debe enfrentarse: la asesora jurídica del Gobierno declara no confiar en el propio gobierno, del mismo modo que Tali Gottlieb expresa su desconfianza hacia el sistema judicial.
Sin embargo, a diferencia de Gottlieb —cuyas rabietas prolongadas y gritos estridentes en cada sala de audiencias y ante cada micrófono forman parte de una estrategia deliberada que le otorga poder significativo en las primarias del Likud— la actitud de la asesora jurídica, en cambio, fortalece al gobierno.
¿Por qué? Porque incluso bajo una perspectiva activista, el asesor jurídico del Gobierno debe equilibrar dos funciones fundamentales: representar y asesorar. Como representante, actúa como abogado del gobierno. Su tarea consiste en defender su postura ante el Tribunal Supremo, y luchar por su capacidad y derecho a implementar su política. Como asesor, ejerce como una suerte de “guardia de frontera” que interpreta la ley para el gobierno y le advierte cuando se desvía de ella.
En otras palabras, incluso dentro del marco conceptual que considera al asesor jurídico como un “guardia de frontera”, este debe situarse en algún punto intermedio entre el gobierno y el Tribunal Supremo. Como regla general, debe representar al gobierno ante dicho tribunal, ganar o perder según el caso, y, en situaciones excepcionales, confrontar al gobierno y presentarle una objeción de tipo jurídico —sea esta una advertencia (tarjeta amarilla) o una prohibición (tarjeta roja).
Por tanto, el asesor jurídico debe funcionar como un puente entre el gobierno y el Tribunal Supremo, como pararrayos y amortiguador que equilibre ambas ramas del poder. La pregunta es qué ocurre cuando el asesor jurídico se encuentra emocionalmente alienado del gobierno, expresa una desconfianza explícita hacia él y, una y otra vez, se alinea con los argumentos de los demandantes en su contra, para luego ver cómo el Tribunal Supremo rechaza sus propias posturas. En una situación tan atípica, el asesor jurídico deja de desempeñar su función. Formalmente puede seguir en el cargo, pero en la práctica lo ha perdido.
Otro problema que presenta Baharav-Miara es su falta de respeto por el lenguaje jurídico, evidenciada en la confusión casi constante que mantiene entre lo “legal” y lo “conveniente”. Conviene recordar que el asesor jurídico no forma parte del poder judicial. No es una autoridad autónoma con rango constitucional, sino una dependencia del poder ejecutivo. Si se desconecta de la nave nodriza y empieza a flotar por otras galaxias, deja de ser, de hecho, asesora jurídica del Gobierno.
Su negativa a asistir a la audiencia es el ejemplo más reciente. Como se recordará, Baharav-Miara argumentó que la audiencia “no es legal”. ¿Por qué no sería legal? Porque el gobierno no logró convocar al Comité Gronis y, por lo tanto, según ella, carece de capacidad para destituirla.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, este argumento no se sostiene. Conviene recordar lo siguiente: no existe ninguna ley que regule las competencias del asesor jurídico, ni su proceso de nombramiento o destitución. Han existido comités que dieron lugar a decisiones gubernamentales, pero del mismo modo el gobierno puede adoptar una decisión que anule una anterior. Dicho en términos rabínicos: todo es de origen rabínico, y la boca que prohibió es la misma que puede permitir. El gobierno adoptó una decisión sobre el proceso de destitución de la asesora, y no existe ninguna base jurídica seria para alegar que dicha decisión es ilegal.
La asesora jurídica acierta al señalar que el partido gobernante incluye actualmente no pocos representantes populistas, con un estilo de discurso polarizante y agresivo, y con propuestas legislativas francamente poco inteligentes. Pero exactamente lo mismo puede decirse de la izquierda, que también está llena de exponentes de ese mismo tipo. Hay que luchar por restablecer el nivel del discurso público y promover debates sustantivos centrados en el bien común. Sin embargo, esa es hoy la realidad del país, o al menos de una parte de él, y ese es el clima que impera. Si no eres capaz de asumirlo y lidiar con él, entonces no estás en el cargo adecuado.
