Como parte de las negociaciones, Hamás exige restablecer el mecanismo de asistencia humanitaria bajo el marco de las Naciones Unidas. Paralelamente, el nuevo mecanismo de distribución –el Fondo Humanitario para Gaza (GHF)– enfrenta la oposición de la ONU y de organizaciones internacionales. La insistencia de Hamás y el respaldo de la ONU no sorprenden: ambos se beneficiaron del arreglo anterior.
Es importante saber que la asistencia humanitaria a la población palestina en Gaza, Judea y Samaria, y Jerusalén Este se brinda desde hace más de dos décadas, principalmente a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). La financiación, en su mayoría proveniente de gobiernos europeos, se transfiere a agencias de la ONU y a organizaciones internacionales y locales que ejecutan supuestos proyectos “humanitarios” sobre el terreno.
Se trata de sumas enormes: entre 2019 y septiembre de 2023 se canalizaron por esta vía unos $3.300 millones, y una cantidad similar ingresó solo en 2024. Es razonable suponer que parte de estos fondos de “asistencia” se desvió a la construcción de Gaza como base terrorista, especialmente al considerar qué organizaciones estuvieron involucradas y con quiénes colaboraron. Incluso parte de las actividades de UNRWA, cuyos vínculos con Hamás son notorios, se realiza bajo el marco de OCHA.
Un ejemplo de “proyecto humanitario” gestionado por OCHA es el programa de “asistencia en efectivo”, que representó el 33 % del total de proyectos hasta 2022. Organizaciones como el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam y UNICEF colaboran con un ministerio gubernamental en Gaza –el Ministerio de Desarrollo Social– para coordinar las listas de beneficiarios que reciben el dinero. Este ministerio está controlado por Hamás, y desde 2019 fue dirigido por Razi Hamad, miembro del buró político de la organización. Esto evidencia cómo la “asistencia” en efectivo puede transformarse de ayuda humanitaria en financiación del terrorismo, cuando un alto dirigente de Hamás está directamente involucrado en el proyecto.
Los palestinos en Judea y Samaria, Jerusalén Este y Gaza reciben asistencia humanitaria canalizada por la ONU a través de múltiples organizaciones. Los gobiernos europeos la financian, y una porción considerable contribuye al terrorismo y a la campaña de deslegitimación contra Israel.
También debe señalarse la responsabilidad de los gobiernos donantes: un documento de 2022 del consulado británico en Jerusalén, relativo a la financiación de UNICEF para un proyecto de asistencia en efectivo, demuestra que el Reino Unido está al tanto del vínculo entre dicho proyecto y el Ministerio de Desarrollo Social, y por tanto con Hamás. En el documento se advierte que existe el riesgo de que la ayuda británica quede asociada a un “respaldo de facto a la autoridad gubernamental (Hamás)”. También se menciona que Hamás impuso impuestos a organizaciones internacionales.
Más allá de los vínculos con el terrorismo, OCHA y sus organizaciones asociadas son actores centrales en la maquinaria de deslegitimación contra Israel. El entramado está compuesto por entidades hostiles a Israel, incluidas aquellas que niegan su derecho a existir, organizaciones que justificaron la masacre del 7 de octubre y que han sido designadas como grupos terroristas por Israel. Bajo el manto de entidades de derechos humanos y asistencia humanitaria, estas organizaciones reciben fondos para llevar adelante proyectos que incluyen la redacción de informes contra Israel, acusaciones de “crímenes de lesa humanidad”, campañas legales, actividad en la Corte Penal Internacional de La Haya, entre otras acciones.
Las cifras falsas sobre la guerra en Gaza –como las acusaciones de hambruna o genocidio– citadas por responsables políticos a nivel mundial, provienen de los datos difundidos por OCHA y por las organizaciones implicadas en la campaña de difamación contra Israel y en los intentos de promover sanciones, incluso embargos de armas.
OCHA, sus organizaciones asociadas y agencias de la ONU –cuyos empleados han permanecido durante largos periodos en Gaza y fueron testigos de su transformación en base terrorista– no están en condiciones de continuar operando en nuestra región. Es de esperar que la orden del ministro de Exteriores sobre la suspensión del visado del responsable de OCHA en la zona sea apenas el primer paso.
