El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones a cuatro miembros de la Corte Penal Internacional involucrados en procesos contra funcionarios israelíes y estadounidenses. La designación incluye al juez Nicolas Yann Guillou de Francia, responsable de firmar órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza, así como a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal.
La jueza Kimberly Prost de Canadá fue sancionada por su participación en la autorización de la investigación de la CPI sobre personal estadounidense en Afganistán. Estas acciones se suman a cuatro sanciones previas emitidas en junio por la administración Trump, dos de las cuales también estaban vinculadas a las órdenes contra Netanyahu y Gallant. Las medidas incluyen la congelación de activos en EE. UU. y la prohibición de ingreso al país.
Estados Unidos e Israel consideran ilegítimos los procedimientos de la CPI debido a que Jerusalén no es signataria del Estatuto de Roma y a que EE. UU. no reconoce a la Autoridad Palestina como estado soberano con derecho a solicitar acciones legales. Israel rechazó los cargos presentados contra Netanyahu y Gallant. El secretario de Estado Marco Rubio señaló que “Estados Unidos ha sido claro y firme en nuestra oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”.
Rubio afirmó que “la corte es una amenaza a la seguridad nacional que ha sido un instrumento para la guerra legal contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”. Agregó que “sigue siendo política del gobierno de Estados Unidos tomar las medidas que consideremos necesarias para proteger a nuestras tropas, nuestra soberanía y nuestros aliados de las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI”. También instó a otros países a resistir los reclamos de la corte.