El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, lanzó el miércoles una dura crítica contra varios gobiernos occidentales que difundieron una declaración conjunta. Ese texto cuestionó la aprobación otorgada por Israel para crear nuevas comunidades judías en Judea y Samaria por considerarla contraria al marco legal internacional vigente.
En un comunicado oficial, Sa’ar afirmó: “Israel rechaza enérgicamente la declaración emitida por países extranjeros respecto de la decisión del Gabinete sobre los asentamientos en Judea y Samaria”. El canciller presentó esa postura como la posición formal del gobierno israelí frente a críticas externas coordinadas.
El ministro destacó además: “Los gobiernos extranjeros no restringirán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel, y cualquier llamado de ese tipo es moralmente incorrecto y discriminatorio contra los judíos”. Sa’ar calificó tales reclamos como inaceptables desde una perspectiva histórica y jurídica.
Al referirse a la política aprobada, añadió: “La decisión del Gabinete de establecer 11 nuevos asentamientos y de formalizar ocho asentamientos adicionales tiene como objetivo, entre otras cosas, ayudar a hacer frente a las amenazas de seguridad que Israel está enfrentando”. Según detalló en su mensaje público.
En esa misma declaración precisó: “Todos los asentamientos están ubicados en el Área C y se encuentran en tierras estatales”. Con esa aclaración, el ministro buscó reforzar el carácter administrativo y territorial de la decisión adoptada por el Gabinete israelí frente a cuestionamientos externos reiterados.
Sa’ar defendió la legalidad de la medida y sostuvo: “Israel actúa de conformidad con el Derecho Internacional. La incorporación de la Declaración Balfour de 1917 al Mandato fue acordada explícitamente en la Conferencia de San Remo en 1920”, como fundamento histórico de la postura israelí.
A continuación agregó: “De acuerdo con el Mandato, el derecho del pueblo judío a establecer su hogar nacional se extiende a todo el territorio de la ‘Palestina bajo Mandato’”. Esa interpretación sustenta la política oficial expuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí actual formal.
También afirmó: “Estos derechos fueron preservados en el Artículo 80 de la Carta de las Naciones Unidas”. Luego señaló que en la mencionada declaración resultó notorio el silencio de los Estados extranjeros sobre la construcción ilegal de la Autoridad Palestina en el Área C, según concluyó Sa’ar.
La declaración difundida el miércoles por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Japón, Malta, los Países Bajos, Noruega, España y el Reino Unido calificó la decisión israelí como unilateral y sostuvo que tales medidas “violan el derecho internacional y también corren el riesgo de alimentar la inestabilidad”.
Según ese texto conjunto, la aprobación de nuevas comunidades amenaza con socavar “la implementación del Plan Integral para Gaza en medio de los esfuerzos por avanzar hacia la fase 2” y además podría perjudicar “las perspectivas de paz y seguridad a largo plazo en toda la región”.
Los firmantes reiteraron su oposición “a cualquier forma de anexión y a la expansión de las políticas de asentamientos”, con una referencia explícita a “la aprobación del asentamiento E1 y miles de nuevas unidades de vivienda”, al considerar esas acciones incompatibles con sus posiciones declaradas.
Asimismo, instaron a Israel “a revertir esta decisión, así como la expansión de los asentamientos”, y fundamentaron ese llamado en la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que citan como marco de referencia diplomático en sus declaraciones conjuntas oficiales difundidas esta semana.
El documento expresó apoyo al “derecho de autodeterminación de los palestinos” y reafirmó un “compromiso inquebrantable con una paz integral, justa y duradera basada en la solución de dos Estados”, donde Israel y un Estado palestino convivan en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas.
Los países signatarios cerraron la declaración al afirmar que “no hay alternativa a una solución negociada de dos Estados”, como única vía para resolver la guerra y garantizar estabilidad regional conforme a su enfoque diplomático sostenido, expresado reiteradamente en foros internacionales y comunicados oficiales previos.