Una norma que veta el suministro de electricidad o agua a instalaciones propiedad de UNRWA o gestionadas en su nombre superó la tercera y definitiva votación en la Knéset con un respaldo de 59 votos a favor y siete en contra tras semanas de tramitación parlamentaria.
La ley, impulsada por el Ejecutivo, ordena a los proveedores de electricidad y agua retener o cortar el servicio a los recintos de UNRWA y además impide la provisión de comunicaciones y de servicios bancarios o financieros a la agencia en todo el ámbito regulado por el Estado.
UNRWA, denominada formalmente Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, presta educación, atención sanitaria y asistencia a millones de palestinos asentados en Gaza, Judea y Samaria, así como en Jordania, Líbano y Siria a través de una extensa red institucional.
Israel sostiene desde hace años que el currículo escolar de la agencia incluye apoyo al terror y afirma que empleados participaron en el asalto de Hamás del 7 de octubre de 2023 y en la retención de rehenes capturados ese día durante la ofensiva armada.
También acusa a UNRWA de perpetuar la guerra al otorgar automáticamente el estatus de refugiado a los descendientes de palestinos desplazados en los hechos ligados a la creación de Israel en 1948, lo que provoca un aumento continuo del registro de refugiados a escala internacional.
La iniciativa modifica dos leyes aprobadas en octubre de 2024, que vetaron la actividad de la agencia en territorio israelí y limitaron su labor en Gaza y Judea y Samaria, al prohibir a las autoridades estatales cualquier tipo de contacto formal o funcional con la entidad.
El nuevo texto precisa que el suministro de agua y electricidad constituye “contacto” a efectos legales y autoriza al gobierno a incautar inmuebles en Ma’alot Dafna y Kafr Aqab, en Jerusalén, arrendados a UNRWA, “sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos” de forma inmediata.
