El organismo de derechos humanos de la ONU condenó a Irán y dispuso la apertura de una investigación sobre la reciente represión de protestas contra el Gobierno, una ofensiva que dejó miles de muertos, según lo expuesto en una sesión celebrada en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
“Hago un llamado a las autoridades iraníes a reconsiderar, a dar marcha atrás y a poner fin a su brutal represión”, declaró el alto comisionado Volker Turk durante la reunión de emergencia, en la que manifestó una profunda preocupación por la situación de las personas detenidas tras las manifestaciones.
Turk detalló una serie de atrocidades atribuidas a las fuerzas de seguridad y describió un patrón sostenido de represión en distintas regiones del país, al tiempo que subrayó la gravedad de los hechos registrados durante las operaciones desplegadas contra la población civil.
“Tenemos indicios de que las fuerzas de seguridad realizaron detenciones masivas en varias ciudades, incluso persiguiendo a personas heridas hasta los hospitales, y deteniendo a abogados, defensores de derechos humanos, activistas y civiles comunes”, afirmó el alto comisionado ante los Estados miembros.
“La Fiscalía de Teherán ha abierto presuntamente causas penales contra deportistas, actores, personas vinculadas a la industria cinematográfica y propietarios de cafés, bajo cargos de apoyar las protestas”, agregó, al referirse a las medidas judiciales adoptadas por las autoridades iraníes.
Asimismo, indicó que la represión se aumentó el 8 de enero, con el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, un operativo que provocó la muerte de “miles de personas, incluidos niños”, y reiteró su llamado a Teherán a poner fin a la violencia.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó una moción para ampliar una investigación establecida en 2022, de modo que los expertos de la ONU también puedan documentar los disturbios más recientes “para posibles procedimientos legales futuros”, según el texto de la resolución adoptada.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que entre las víctimas hubo transeúntes y describen la represión como la más mortífera desde que clérigos musulmanes chiíes asumieron el poder tras la revolución de 1979. Teherán responsabilizó a “terroristas y alborotadores” apoyados por opositores en el exilio y por Estados Unidos e Israel.
La misión de Irán ante la ONU calificó la resolución como “politizada”, rechazó la injerencia externa y aseguró, mediante un comunicado, que el país cuenta con mecanismos propios, independientes y sólidos de rendición de cuentas para investigar “las causas profundas de los acontecimientos recientes”.
Un total de 25 Estados, entre ellos Francia, México y Corea del Sur, votaron a favor de la resolución, mientras que siete países, incluidos China e India, se opusieron y 14 delegaciones optaron por la abstención durante la votación en el Consejo.
“Esta es la peor matanza masiva en la historia contemporánea de Irán”, afirmó ante la reunión Payam Akhavan, exfiscal de la ONU de nacionalidad iraní-canadiense, quien intervino para describir la magnitud de la violencia registrada en el país.
Akhavan reclamó un “momento Núremberg”, en alusión a los juicios penales internacionales celebrados contra líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial, como referencia para la rendición de cuentas por los crímenes denunciados.
El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, sostuvo que la sesión de emergencia carecía de validez y presentó la cifra oficial de Teherán, que sitúa en unas 3.000 las personas fallecidas durante los disturbios.
Un funcionario iraní declaró, sin embargo, a Reuters que al menos 5.000 personas murieron, entre ellas 500 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que la organización HRANA informó haber verificado 4.519 muertes y mantener otras 9.049 bajo revisión.
China, Pakistán, Cuba y Etiopía también cuestionaron la utilidad de la sesión, y el embajador chino, Jia Guide, describió los disturbios en Irán como “un asunto de asuntos internos”, en línea con la postura de Pekín
