El 10 de febrero de 2026, en Washington, el Gobierno de Estados Unidos evaluó la posibilidad de confiscar petroleros que transportan crudo iraní como instrumento de presión sobre Teherán en el marco de las conversaciones sobre el programa nuclear, con reservas internas por el riesgo de represalias en rutas marítimas sensibles y por el impacto que una interrupción de cargamentos podría trasladar a los precios internacionales del petróleo. Un funcionario de la Casa Blanca sostuvo que el presidente Donald Trump “prefiere la diplomacia”, pero mantiene “múltiples opciones a su disposición” si las negociaciones no desembocan en un acuerdo.
La Casa Blanca encuadró esa discusión dentro de un proceso diplomático que retomó contactos indirectos en Omán y que dejó abiertas nuevas rondas, pese a desacuerdos sobre el temario. Washington pidió incluir asuntos como el programa de misiles, mientras Irán insistió en centrar la agenda en el componente nuclear. Trump advirtió de consecuencias si fracasa el esfuerzo diplomático y, en paralelo, autorizó un refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región como señal de respaldo a su posición negociadora.
La presión económica avanzó de forma visible en los últimos días. El 6 de febrero, el Departamento de Estado anunció sanciones contra 15 entidades y 14 buques vinculados al comercio ilícito de petróleo y derivados iraníes, en un intento de dificultar la logística marítima y financiera que sostiene las exportaciones. La medida apuntó a redes de intermediación y transporte que operan con cambios de bandera y estructuras societarias opacas para esquivar restricciones.
En el plano operativo, el 9 de febrero la Administración Marítima de Estados Unidos emitió nuevas directrices para buques comerciales que transitan el estrecho de Ormuz, una arteria clave para los flujos energéticos. El aviso recomendó a los barcos con bandera estadounidense navegar lo más alejados posible de aguas territoriales iraníes y rechazar de palabra eventuales intentos de abordaje, con la instrucción de no oponer resistencia física en caso de intervención.
El deterioro del entorno marítimo alimenta los cálculos sobre costos y riesgos de cualquier medida coercitiva. El 3 de febrero, fuentes del sector y una consultora de seguridad reportaron que lanchas artilladas iraníes se aproximaron a un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz. Cinco días antes, Irán inmovilizó dos petroleros extranjeros en el golfo Pérsico bajo acusaciones de contrabando de combustible, en una secuencia que refuerza la posibilidad de respuestas rápidas sobre el tráfico comercial.
Los antecedentes recientes ofrecen un patrón de acción y reacción. En 2023, la incautación estadounidense de un cargamento de crudo iraní y un intento previo de confiscar petróleo cerca de Grecia coincidieron con la captura posterior de buques por parte de Irán en el golfo, un precedente que pesa en la evaluación de nuevas confiscaciones. En paralelo, Washington ya había estudiado mecanismos para detener e inspeccionar petroleros en alta mar al amparo de un acuerdo internacional orientado a frenar la proliferación de armas de destrucción masiva, una opción que también entraña desafíos legales y diplomáticos.
Del lado iraní, el Ministerio de Exteriores describió los contactos recientes como una prueba para medir el compromiso estadounidense con la vía diplomática y afirmó que el intercambio dejó suficiente entendimiento para continuar, con consultas regionales en agenda y una próxima fase de conversaciones en Omán. Con ese telón de fondo, Washington combina sanciones, avisos de seguridad marítima y planificación de medidas más disruptivas, mientras mantiene abierta la negociación nuclear como canal principal de resolución.
