La ley separa a Mahash de la Fiscalía y le otorga presupuesto propio, facultades penales independientes y nuevo mecanismo de nombramiento.
El Pleno de la Knéset aprobó durante la madrugada del jueves, en segunda y tercera lectura, el proyecto de ley para modificar la Ordenanza de la Policía, impulsado por el diputado Moshe Saada. La norma fue aprobada por 43 votos a favor y 39 en contra, y modifica el estatus institucional del Departamento de Investigación de Policías, conocido por sus siglas hebreas Mahash.
Según la ley, Mahash pasará a funcionar como un organismo independiente dentro del Ministerio de Justicia, con presupuesto separado y facultades propias para investigar y procesar penalmente a agentes de policía. La competencia incluirá delitos penales y también infracciones leves atribuidas a policías.
La legislación establece además un nuevo mecanismo para nombrar al director del departamento mediante una comisión de selección específica. También crea el cargo de responsable de coordinación en asuntos de investigación policial, con autoridad para resolver disputas entre Mahash y otros organismos de investigación y acusación.
Otro cambio central es la separación de Mahash del sistema de asesoramiento jurídico del Gobierno y de la Fiscalía. Las competencias penales que hasta ahora correspondían a la asesora jurídica del Gobierno y a la Fiscalía en los casos tramitados por Mahash serán transferidas al director del departamento. Los recursos contra decisiones de archivo serán presentados ante el responsable de coordinación, y no ante las instancias actuales.
La exposición de motivos del proyecto sostiene que informes del Auditor del Estado, de la Defensoría Pública y de un equipo gubernamental especial detectaron deficiencias en el tratamiento de delitos cometidos por agentes de policía. El informe del equipo, publicado en febrero de 2025, señaló problemas derivados de la subordinación de Mahash a la Fiscalía y de la relación operativa entre la Fiscalía y la Policía, por lo que recomendó transformar el departamento en un organismo independiente.
Saada celebró la aprobación de la ley y afirmó que la reforma busca modificar el sistema de aplicación de la ley. “No habrá delincuentes al servicio de la ley, ni personas por encima de la ley. En el Estado de Israel, todos serán iguales ante la ley”, declaró. También sostuvo que Mahash “no funciona” en su forma actual y que la nueva legislación “devolverá la confianza del público en el sistema judicial”.
Los partidarios de la reforma argumentan que la dependencia de Mahash respecto de la Fiscalía creaba un conflicto de intereses institucional. Según el informe del Auditor del Estado citado durante la tramitación de la ley, la subordinación de Mahash a la Fiscalía, junto con la cooperación cotidiana entre fiscales y policías en causas penales ordinarias, podía afectar la independencia del departamento.
El informe también señaló que Mahash, pese a investigar a policías, dependía de la propia Policía para ciertos medios operativos, como el acompañamiento de detenidos o la protección de investigadores. El auditor consideró que esa dependencia reducía la autonomía funcional del departamento y recomendó examinar modelos de investigación externos e independientes.
Tras la publicación del informe, el ministro de Justicia nombró un equipo especial para revisar el estatus de Mahash y proponer cambios estructurales. Ese equipo, encabezado por el director general del Ministerio de Justicia, recomendó retirar el departamento de la órbita de la Fiscalía y constituirlo como un organismo independiente.
La asesora jurídica del Gobierno y el fiscal general se opusieron a la separación de Mahash de la Fiscalía. Cuando la propuesta fue presentada en la Knéset, hace aproximadamente tres años, empleados de la Fiscalía general iniciaron una huelga en protesta contra la iniciativa.
La reforma también se produce en un contexto de fuerte tensión política alrededor de Mahash. Sectores favorables a la ley acusaron al departamento de actuar bajo influencia de la asesora jurídica del Gobierno y citaron investigaciones controvertidas contra altos funcionarios de seguridad. Esas acusaciones forman parte del debate político que acompañó la tramitación de la norma.
