El enfrentamiento político escaló a los tribunales con una demanda por difamación de ₪100 000. El origen de la guerra fueron unos comentarios emitidos durante un conocido pódcast, donde se responsabilizó al actual ministro de Seguridad Nacional de promover contenido muy violento dirigido a los más jóvenes a través de distintas redes sociales.
Durante la transmisión de ese programa, se aseguró que desde esas plataformas se difundían mensajes de odio extremo. Entre las supuestas frases propagadas se incluían incitaciones directas al asesinato y expresiones denigrantes para exigir la muerte de personas árabes, además de un fomento constante al acoso y al uso desmedido de la fuerza bruta.
Sin embargo, todas estas graves acusaciones son rotundamente falsas. Jamás existió una difusión, publicación o promoción de videos que contuvieran llamados a matar o consignas racistas de esa índole, desmintiendo por completo cualquier vínculo con dicho material.
Frente a este ataque público, la exigencia legal busca una compensación económica directa sin la necesidad de demostrar daños previos. Asimismo, el recurso judicial exige la eliminación inmediata del fragmento en cuestión en todos los canales y plataformas oficiales de la agrupación política involucrada, junto con una rectificación pública y clara que desmienta las afirmaciones vertidas.
