Irán puso en marcha una plataforma en línea para recibir información sobre ciudadanos iraníes que viven fuera del país y critican al gobierno, respaldan sanciones o apoyan una acción militar contra la República Islámica.
El sistema, llamado “Alaj”, fue presentado por la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, como una herramienta de “monitoreo e inteligencia” destinada a identificar y seguir a opositores en el extranjero. La plataforma apunta a personas definidas como “antiiraníes”, separatistas o promotoras de sanciones y ataques militares contra el país.
Los partidarios del gobierno pueden remitir información mediante el sitio web, Telegram y la aplicación iraní Bale. El sistema prevé un seguimiento continuo de los señalados, el registro de su actividad en internet y la preparación de expedientes para posibles procesos judiciales. También contempla restricciones sobre el acceso a bienes y la retirada de determinados “derechos y beneficios civiles”.
No se informó qué organismo administra la plataforma ni cómo podrían aplicarse restricciones a la actividad pública de personas que residen fuera de Irán. Sin embargo, las autoridades iraníes sí tienen capacidad para actuar sobre propiedades, cuentas bancarias y negocios que esas personas mantengan dentro del país, así como sobre familiares que continúan allí.
La iniciativa continúa una línea anunciada en marzo por la Fiscalía general iraní. En aquella ocasión se advirtió que los iraníes residentes en el extranjero que “se identifiquen, apoyen o cooperen con el enemigo estadounidense-sionista” podrían afrontar la confiscación de todos sus bienes y otras sanciones.
Después se difundió un formulario para comunicar a las autoridades el nombre de una persona, su número de identidad, teléfono y cuentas en redes sociales. El formulario también solicitaba datos sobre propiedades que pudiera tener en Irán, entre ellas viviendas, comercios, vehículos, cuentas bancarias, criptomonedas y otros activos.
La legislación iraní citada por las autoridades permite imponer penas graves, incluida la confiscación de bienes, a quienes sean condenados por actividades de inteligencia u operaciones a favor de Israel, Estados Unidos u otros países considerados hostiles. En los casos más graves también permite imponer la pena de muerte.
No está claro si la nueva plataforma distinguirá entre una cooperación efectiva con un Estado extranjero y conductas como la crítica política, la actividad en medios o la publicación de mensajes contra el gobierno.
Aunque existen informes sobre la retirada de servicios consulares a iraníes identificados como opositores, hasta ahora no se ha presentado una disposición que permita retirarles automáticamente la ciudadanía. Los medios vinculados al gobierno han utilizado una fórmula más amplia: “retirada de beneficios civiles”.
La plataforma amplía las herramientas disponibles para identificar a opositores iraníes que viven fuera del país y para reunir información sobre sus actividades y sus bienes dentro de Irán.
