Tras unos meses de tranquilidad, los árabes de la Autoridad Palestina se alistan para renovar su campaña internacional contra Israel.
Ahora que los palestinos se han adherido al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es de esperar que se dirijan a las organizaciones internacionales y exijan que condenen a Israel, o incluso que intenten que se suspenda a Israel de las organizaciones e instituciones internacionales.
La reclamación de los palestinos es conocida: alegan que Israel es una “entidad ocupante” en tierras que pertenecen a la Autoridad Palestina y que actúa en violación del derecho internacional. Afirman que Israel confisca “tierras palestinas” de propiedad privada para ampliar los poblados judíos; restringe la libertad de movimiento de la población palestina en Judea y Samaria; impide el acceso al agua potable y al agua para fines agrícolas; no permite a los palestinos trabajar las tierras de labranza de su propiedad; y viola regularmente los derechos civiles de los palestinos.
La AP ya ha comenzado a tomar medidas contra varios grupos israelíes, en particular la asociación Regavim y el grupo de vigilancia NGO Monitor, ambos declarados por los palestinos como “organizaciones terroristas” en venganza por la decisión del ministro de Defensa, Benny Gantz, de calificar de grupos terroristas a seis “organizaciones de derechos humanos” palestinos.
El equipo de transición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió a los palestinos el mensaje de que la nueva administración estadounidense esperaba que la AP mantuviera un perfil bajo con sus demandas de una investigación de la CPI sobre Israel y las FDI, y sus exigencias de que Israel fuera suspendido de las entidades internacionales.
Los palestinos accedieron a la petición estadounidense, pero, según un funcionario de Ramala, la AP consideró que la aprobación de unas 3.000 nuevas unidades de vivienda en asentamientos era un “factor de ruptura”, además de la escasa atención que la administración Biden ha dedicado al conflicto israelo-palestino. Biden aún no se ha reunido con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y no se espera que Israel y la AP reanuden las conversaciones de paz en breve.
Un alto funcionario del Ministerio de Justicia palestino llegó a decir a Israel Hayom que el ministerio había vuelto a convocar a un grupo de juristas palestinos y les había encargado la tarea de elaborar demandas contra Israel para presentarlas en tribunales y organizaciones internacionales. Las demandas legales adicionales se dirigirán a funcionarios israelíes específicos, tanto militares como civiles, con acusaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violación sistemática de los derechos humanos de los palestinos.
El funcionario palestino subrayó que para recopilar las demandas y presentarlas, el equipo estaba buscando ayuda de juristas de todo el mundo. El equipo palestino ha presentado recientemente documentos adicionales a la CPI, así como testimonios de palestinos sobre supuestos crímenes cometidos contra ellos.
Mientras los palestinos se preparan para renovar su lucha para presionar a Gran Bretaña para que se retracte de la Declaración Balfour de hace 104 años, Abbas ordenó a todas las misiones diplomáticas palestinas en el mundo que ondee la bandera de la AP a media asta en el aniversario de la declaración.
La AP incluso ha presentado una demanda contra Gran Bretaña en la CPI, alegando que la Declaración Balfour causó efectivamente la “ocupación” israelí de los territorios, y los supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad supuestamente cometidos contra el pueblo palestino allí.