La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su respaldo a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI). “El presidente Trump y el secretario de Estado, Rubio han actuado con justicia al sancionar a los jueces politizados de la CPI, defendiendo el derecho de Israel, Estados Unidos y todas las democracias a protegerse del terrorismo brutal”, afirmó el comunicado oficial.
Desde La Haya, Países Bajos, la CPI condenó el 5 de junio de 2025 las sanciones de Estados Unidos contra sus jueces, calificándolas como un ataque directo a su independencia judicial. La institución, respaldada por 125 Estados Partes bajo el Estatuto de Roma, destacó su compromiso con la investigación imparcial de crímenes internacionales, a pesar de las presiones externas.
Los jueces afectados por las sanciones son Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Las medidas, anunciadas por el Departamento de Estado de EE. UU., prohíben la entrada de estos magistrados a territorio estadounidense y congelan cualquier activo que posean en jurisdicciones de ese país.
Estas sanciones responden a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y acciones de personal estadounidense en Afganistán. Gansou y Hohler, dos de los jueces sancionados, integran la cámara preliminar que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant por supuestos delitos en Gaza. La CPI fundamenta su jurisdicción en la adhesión de la Autoridad Palestina al Estatuto de Roma en 2015, lo que le permite investigar hechos en los territorios palestinos, incluidos Gaza, Judea, Samaria y Jerusalén Este.
Estados Unidos, que no reconoce el Estatuto de Roma, ha rechazado la autoridad de la CPI para investigar a sus ciudadanos o a los de Israel, país que tampoco acepta la jurisdicción del tribunal. En febrero de 2025, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, fue incluido en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” de EE. UU., lo que limitó sus transacciones con ciudadanos estadounidenses y su acceso al país. Esta acción se suma a sanciones previas de la primera administración Trump contra funcionarios de la CPI por investigaciones similares.
Las sanciones han generado obstáculos operativos para la CPI. Un informe de mayo de 2025 reveló que medidas similares de EE. UU. habían afectado gravemente las operaciones del tribunal en La Haya. No obstante, la CPI reafirmó el 5 de junio su determinación de proteger a su personal y cumplir con su mandato judicial, sin anunciar medidas concretas frente a las nuevas sanciones.
la guerra en Gaza, desencadenado por los ataques de Hamás en octubre de 2023 y la posterior respuesta militar israelí, motivó las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por ambas partes. Estas pesquisas han generado fricciones con países no miembros del tribunal, como EE. UU. e Israel, que cuestionan su legitimidad para intervenir en sus asuntos.
A nivel global, las sanciones han provocado reacciones encontradas. En mayo de 2025, más de 800 abogados y jueces, incluidos exmagistrados de tribunales superiores del Reino Unido, exigieron a sus gobiernos respetar las órdenes de arresto de la CPI relacionadas con Gaza. Por su parte, en junio de 2025, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la independencia de su Corte Suprema frente a posibles sanciones de EE. UU. contra uno de sus jueces, en un caso vinculado al exmandatario Jair Bolsonaro.
Las sanciones contra los jueces de la CPI representan un hecho sin precedentes, al dirigirse directamente contra magistrados de un tribunal internacional. Estas medidas refuerzan los esfuerzos de la administración Trump para restringir la influencia de la CPI, mediante críticas a su supuesta politización y restricciones previas contra sus funcionarios.
