La presentación de los escritos de acusación en el caso “Bild”, y a pesar de la cortina de humo mediática que intenta dibujar una imagen de daño mortal a la seguridad, parece indicar que el público empieza a comprender que la historia central no es la filtración de la información en sí. La verdadera historia, mucho más inquietante y profunda, es el esfuerzo deliberado y sistemático por ocultar información crítica al primer ministro.
Bajo los titulares estridentes sobre “peligro para las fuentes” y “daño a la seguridad del Estado”, se esconde una grave negligencia que debería quitar el sueño a todo ciudadano: el intento de impedir que el escalón político recibiera datos estratégicos sobre las intenciones de Hamás, precisamente en los momentos más decisivos de la guerra.
Esta es la cuestión esencial que, de manera extraña, y quizá incluso sospechosa, quedó fuera del alcance de la investigación de los organismos de aplicación de la ley. Mientras todos los recursos se dirigen a perseguir a los filtradores, nadie plantea la pregunta obligada: ¿por qué esta información no llegó a la mesa del primer ministro en tiempo real? Se trata de un asunto de máxima importancia para el interés público, que requiere una investigación penal exhaustiva y, no menos que eso, una comisión de investigación.
La publicación en “Bild”, con todo el respeto por el ruido mediático que generó, es secundaria frente al hecho mismo de que elementos del sistema de seguridad decidieran, por cuenta propia, qué “debe” o “no debe” saber el líder elegido.
El hecho de que el sistema de seguridad, incluso después del fracaso colosal del 7 de octubre y después de que expusimos la cultura de ocultación de información y de desprecio hacia el escalón político que lo precedió, siga actuando con una falta absoluta de transparencia es un escándalo que clama al cielo.
No puede ser que, en plena guerra de múltiples frentes y durante intentos sensibles y complejos de madurar un acuerdo sobre los rehenes, el escalón operativo decida excluir al escalón político de información que influye directamente en el destino de vidas humanas.
Además, no se puede ignorar el fuerte tinte político que se desprende de la actuación de la Fiscalía en los casos conexos, encabezados por el asunto de Yonatan Urich. Los intentos de alejarlo del centro de toma de decisiones y de afectar su funcionamiento se parecen cada vez más a una “neutralización política” bien planificada de figuras clave en el aparato de comunicación y campaña del Likud.
Parece que hay quienes intentan utilizar herramientas jurídicas para conseguir logros políticos que no lograron obtener en las urnas. Sin embargo, es importante aclararlo: esos esfuerzos no tendrán éxito. Urich, como parte inseparable del círculo cercano, seguirá siendo un factor central e influyente en el sistema político de Netanyahu. El intento de diseñar la realidad política a través de las salas de interrogatorio es un daño a la democracia, y no debilitará las manos de quienes fueron elegidos para servir al público.
