El alcance del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Myanmar podría influir en el proceso por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel a finales de 2023. Yuval Shany, profesor de derecho internacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén, considera que varios aspectos de la sentencia son desfavorables para la posición israelí y que los criterios empleados por los jueces dificultarán precisar qué hechos permiten establecer la existencia de un genocidio.
La causa contra Israel, relacionada con sus operaciones militares contra Hamás en Gaza, continúa pendiente. Israel rechaza las acusaciones y sostiene que su guerra se dirige contra la organización terrorista que invadió su territorio y perpetró la masacre del 7 de octubre de 2023. Shany observa un punto de contacto entre los argumentos de ambos Estados: Myanmar sostuvo que actuaba contra elementos terroristas y negó que sus operaciones militares respondieran a una intención genocida.
Sin embargo, la CIJ estableció que la existencia de operaciones antiterroristas no excluye la comisión de un genocidio. Para Shany, también puede tener consecuencias la conclusión de que el respeto de las normas internacionales aplicables a los conflictos armados no demuestra, por sí solo, la ausencia de genocidio. A su juicio, la relación que la sentencia establece entre el derecho de la guerra y la Convención contra el Genocidio deja cuestiones jurídicas sin delimitar.
En el caso de los rohinyás, la Corte declaró que Myanmar infringió tres disposiciones de la Convención de 1948. Determinó que hubo asesinatos deliberados de numerosos integrantes de la minoría, graves daños físicos o mentales y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo.
La valoración de los jueces no se limitó a examinar cada conducta por separado. Shany destaca que la CIJ concedió mayor peso que en decisiones anteriores a las circunstancias generales y a las consecuencias de las acciones militares. Entre los hechos considerados figuraron la muerte de bebés, las violaciones masivas de mujeres, los disparos contra personas que escapaban y la destrucción de aldeas mediante incendios.
El especialista explica que este método permite examinar los acontecimientos en conjunto y preguntar si la intención genocida es la única conclusión razonable que puede extraerse de ellos. Su preocupación es que esa lectura amplíe los factores admisibles para determinar el delito sin establecer con suficiente claridad cómo deben valorarse.
Shany distingue esa objeción jurídica de la valoración de los crímenes sufridos por los rohinyás. Admite que la decisión puede haber hecho justicia ante atrocidades que podrían constituir genocidio, pero sostiene que la incorporación de criterios ambiguos puede producir mayor incertidumbre sobre la definición del delito. En su opinión, esta orientación de la CIJ complica tanto la interpretación de la Convención como las perspectivas de Israel en el procedimiento que aún se encuentra abierto.










