El Gobierno y la coalición afrontan los últimos días antes de la disolución prevista de la Knéset con un maratón legislativo destinado a aprobar varias normas pendientes de la 25.ª legislatura. La reunión gubernamental convocada este martes para continuar las deliberaciones tuvo que interrumpirse cuando la oposición retiró a sus oradores del pleno, una maniobra que obligó a los ministros a desplazarse de inmediato al edificio de la Knéset para asegurar la mayoría en las votaciones.
La sesión del Gobierno se reanudará a las 17:30 en la Secretaría del Gobierno, en Jerusalén. Los retrasos también afectarán a la votación del proyecto de ley que exime de detención a quienes estudian la Torá, prevista inicialmente para las 15:30. La propuesta considera alumno de una yeshivá a quien estudie de forma regular durante al menos 45 horas semanales, o 40 horas si pertenece a un kolel. El ministro de Defensa, deberá elaborar la lista de instituciones reconocidas conforme a los criterios que determine mediante reglamentos.
Dentro de esta ofensiva legislativa, el pleno de la Knéset aprobó ayer, en segunda y tercera lectura, la Ley Básica: Estudio de la Torá, impulsada por el diputado Moshé Gafni, presidente de Deguel HaTorá. El texto dispone que “el estudio de la Torá es un valor fundamental del legado del pueblo judío y del Estado de Israel”. Se trata de la primera vez, desde la promulgación de las leyes básicas, que una norma de ese rango reconoce jurídicamente el estudio de la Torá. La iniciativa recibió 63 votos a favor y 52 en contra. El primer ministro Benjamín Netanyahu no participó en la votación, mientras que los diputados del Likud Yuli Edelstein y Dan Illouz se pronunciaron en contra.
En las últimas 24 horas, las comisiones parlamentarias también aceleraron, bajo una intensa presión de tiempo, la preparación de varios proyectos clave para su segunda y tercera lectura. Entre ellos se encuentran la ley de comunicaciones promovida por el diputado Shlomo Karhi, ya sin la disposición relativa a la aplicación; la ampliación del servicio militar obligatorio a 32 meses, y la continuación del debate sobre la ley electoral para la 26.ª Knéset.
La Comisión de Comunicaciones, presidida de forma interina por Avi Maoz, aprobó el proyecto de ley del sector. La iniciativa establece que el Estado no administrará la aplicación gratuita de emisiones. En cambio, la plataforma Idan Plus seguirá operativa con una financiación de 25 millones de séqueles, que se deducirán directamente del presupuesto de la Corporación de Radiodifusión Pública.
Ese importe se suma a otro recorte de 25 millones de séqueles destinado a constituir un nuevo consejo. La diputada Shelly Tal Meron cuestionó la decisión: “Las modificaciones conceden un trato preferente a determinados canales y retiran otros 25 millones de séqueles a la corporación sin explicar de qué partida concreta de su presupuesto saldrá el dinero, en contra del criterio de la asesoría jurídica de la comisión”.
Durante el debate, el asesor jurídico de la comisión, el abogado Pinhas Grot, expuso: “A lo largo del proceso señalamos varias dificultades jurídicas. Incluso en la etapa final, cuando el proyecto volvió a la comisión, sostuvimos que las disposiciones presentadas ayer necesitaban tiempo para un debate sustantivo. La mayoría de los asuntos fueron debatidos. Consideramos que tratamos con imparcialidad a todas las facciones de la Cámara, pese a las acusaciones formuladas contra nosotros desde ambos bandos”.
Al mismo tiempo, la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa dio luz verde a la ampliación del servicio militar obligatorio a 32 meses. El general de brigada Shay Tayeb, jefe de la División de Planificación y Administración de Personal, alertó durante la sesión: “Las fuerzas regulares han llegado al límite de su capacidad, y el sistema de reservistas también podría superarlo. En algunas unidades incluso existe el riesgo de colapso, sobre todo si una nueva reducción del servicio obligatorio nos obliga a movilizar a más reservistas. Volver a un servicio de 30 meses tendría consecuencias muy graves. Si eso ocurre, perderemos de inmediato a miles de combatientes”.
Por su parte, la Comisión de Constitución prosiguió el examen de la ley electoral para la 26.ª Knéset. El proyecto excluye de la prohibición de propaganda electoral las grabaciones realizadas en los despachos de los ministros. El presidente de la comisión, el diputado Simcha Rothman, afirmó que la modificación corrige una anomalía.
El diputado Alon Schuster rechazó ese criterio: “En las autoridades locales, seis meses antes de las elecciones, sus dirigentes ya no pueden utilizar el cargo con fines propagandísticos. No tienen autorización para aparecer en el periódico municipal ni para utilizar los medios publicitarios del ayuntamiento. Esa misma norma debe aplicarse a los diputados y a los ministros”.
La coalición mantuvo el 27 de octubre, 16 de Jeshván, como fecha de las elecciones a la 26.ª Knéset, tal como estaba previsto originalmente. La disolución del Parlamento quedó fijada para el 17 de julio, dentro de solo tres días.
