El gobierno presentó el jueves un plan para duplicar la población rural de las comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza, donde muchas localidades fueron atacadas durante la masacre del 7 de octubre de 2023. La iniciativa incluye la construcción de nuevas viviendas con apoyo estatal.
Durante una conferencia realizada en el kibutz Alumim, unos 200 representantes de entidades gubernamentales y comunidades locales recibieron detalles del proyecto, que contempla un presupuesto inicial de 560 millones de shekels (\$170 millones) y préstamos adicionales de hasta 1.000 millones de shekels a través de la Agencia Judía.
Aviad Friedman, jefe de la Dirección de Tekuma, y Zeev Elkin, representante del Ministerio de Finanzas para la rehabilitación de las zonas fronterizas, afirmaron que las 46 comunidades rurales situadas dentro de un radio de siete kilómetros de la frontera con Gaza manifestaron su interés en participar. Cada comunidad podrá optar por una o varias de las cuatro vías de financiación previstas.
El plan no incluye a la ciudad de Sderot, cuyo tratamiento se desarrollará mediante un programa separado. La iniciativa integra a los ministerios de Finanzas, Vivienda y Néguev, Galilea y Resiliencia Nacional, junto con la Agencia Judía y los movimientos Kibutz y Moshav.
Antes del ataque del 7 de octubre, la región albergaba a 62.000 residentes. Tras el ingreso de miles de terroristas de Hamás, aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas hacia Gaza. La meta gubernamental establece una población superior a los 120.000 habitantes.
Una de las vías de financiación contempla subsidios para reducir los costos de desarrollo de infraestructura. Estos pasarán a ser de aproximadamente 100.000 shekels (\$30.000) para un ciudadano común y de 50.000 shekels para un soldado de reserva activo. Las cifras exactas dependerán de la distancia entre la comunidad y la frontera con Gaza.
En el kibutz Be’eri, cercano a Gaza, ya se construye un nuevo barrio. Para aquellas localidades que busquen una expansión acelerada, el Estado contribuirá al financiamiento de viviendas temporales, incluidas caravanas. Esta medida forma parte de las opciones disponibles para aumentar la capacidad habitacional.
Otra alternativa está dirigida a los kibutzim que operan como asociaciones cooperativas. El gobierno costeará parcialmente unidades de entre 85 y 120 metros cuadrados, que podrán ofrecerse con precios controlados por hasta tres años. Finalizado ese período, los inquilinos podrán adquirir la vivienda con el 75% del alquiler mensual acumulado acreditado como pago inicial.
La cuarta vía permitirá a la Agencia Judía, mediante la empresa Amigur, financiar, construir y gestionar unidades residenciales hasta su venta. Las comunidades recibirán una subvención estatal condicionada y un préstamo respaldado por el Estado.
Elkin explicó que tres de las opciones se encuentran listas para su implementación inmediata. La propuesta de incrementar los subsidios a los costos de infraestructura requerirá aprobación gubernamental formal.
El plan también incluye el traslado de 30 docentes desde otras regiones del país hacia la zona fronteriza, con el fin de incorporarlos al inicio del año escolar el 1 de septiembre. Estos profesionales residirán en unidades habitacionales provisionales.
Friedman señaló: “La canasta de crecimiento se construyó a partir de una atención genuina a las necesidades en el terreno y de una profunda cooperación con las localidades y los kibutzim de la región. La canasta proporciona una solución a la crisis de vivienda que surgió después de la guerra y también constituye una infraestructura a largo plazo para el crecimiento, el fortalecimiento de la comunidad y la estabilidad demográfica, al tiempo que preserva el carácter de la región”.
