Antes de la disolución de la Knéset, la coalición sigue impulsando proyectos de la reforma judicial. La comisión conjunta de Constitución y de Seguridad Nacional ha debatido hoy la tramitación de la “Ley del Departamento de Investigación de Policías” del diputado Moshe Saada, que establece que este departamento debe quedar fuera del ámbito de la Fiscalía. Próximamente, la comisión votará en segunda y tercera lectura esta polémica ley que cambiará el panorama del sistema de justicia y de las fuerzas del orden.
La ley de Mahash busca separar el Departamento de Investigación de Policías de la Fiscalía y ubicarlo de nuevo en el Ministerio de Justicia. La oposición sostiene que la medida alteraría los controles sobre investigaciones policiales y afectaría la separación de poderes.
Durante el debate, la comisión rechazó unas 500 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición con la intención de retrasar en la medida de lo posible la aprobación de la ley. La norma establece que el ministro de Justicia volverá a crear el Departamento de Investigación de Policías en el Ministerio de Justicia, separado de la Fiscalía.
La ley establece además que el director del Departamento de Investigación de Policías (Mahash) ejercerá un único mandato de seis años. Será nombrado por una comisión integrada por el secretario general del Ministerio de Justicia o su representante, que la presidirá. También la conformarán un abogado penalista designado por el ministro de Justicia previa consulta con el defensor público nacional, y un juez jubilado del Tribunal Supremo o de un tribunal de distrito, designado por el presidente de la Comisión de Control del Estado de la Knéset. Asimismo, participará una persona con experiencia en investigación criminal o en el Ministerio Público, designada por el Comisionado del Servicio Civil tras consultar con el director general del Ministerio de Justicia, además del propio Comisionado del Servicio Civil o su representante.
En la oposición, que rechaza firmemente la ley, se criticó durante el debate la intención de promoverla. El diputado Yoav Seglovich (Yesh Atid) afirmó que “se trata de una ley pésima que el diputado Saada propone por un sentimiento de agravio personal. Es una ley terrible y su aplicación tendrá consecuencias muy negativas para los ciudadanos, los policías y, sobre todo, en lo que respecta a la separación de poderes. No resuelve problemas, sino que genera otros nuevos y socava la confianza de la ciudadanía”.
Añadió que “en lugar de un mecanismo equilibrado y supervisado, lo que se propone aquí es una combinación de investigación y acusación sin control ni verdadera supervisión. Se crea un mecanismo que entorpecerá el trabajo al provocar conflictos de competencias mientras se lleva a cabo una investigación. La prueba de su eficacia es lo más importante, y esta ley no es eficaz”.
El diputado Gilad Kariv (Los Demócratas) afirmó que “la gran suerte de los ciudadanos de Israel es que el mandato de este gobierno está llegando a su fin. En mi opinión, todo lo que aprueben sufrirá un cambio drástico y parte de ello, como esta peligrosa ley, será derogado con la formación de la nueva coalición. Nos encontramos en plena ola de lo que se podría denominar la “brutalización” de la policía.
Los policías se sienten con el derecho de ejercer una violencia extrema contra cualquier sector de la población israelí con el que se encuentran. Esto se debe principalmente al control que el movimiento kahanista ejerce sobre la policía y al colapso del cuerpo y de su cadena de mando bajo el amparo de la conducta delictiva de Ben Gvir, pero también está relacionado con su propia debilidad”.
El impulsor de la ley, el diputado Moshe Saada, respondió a las acusaciones y dijo que “en mi ingenuidad fui a presentar una denuncia en el caso de Umm al-Hiran por obstrucción a la justicia, me llamaron y me pusieron todo tipo de trabas. Me amenazaron con desmantelar la unidad y existe un acta falsa redactada por Hagai Harush. A raíz de este suceso, dije que el sistema había perdido el rumbo. Cuando se llega a las altas esferas, existe un claro conflicto de intereses”.
