La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset dio este domingo su aprobación al proyecto de ley del diputado Eliyahu Revivo y un grupo de parlamentarios, y lo dejó preparado para su segunda y tercera lectura. La propuesta regula el carácter de los dictámenes del fiscal general del Estado.
El texto lleva al plano legislativo las normas sobre la representación de la rama ejecutiva ante los distintos tribunales y fija instrumentos de supervisión y rendición de cuentas. Basado en los principios del “plan Revivo”, el proyecto establece cómo deben emitirse los dictámenes jurídicos y ordena también la facultad del Gobierno para definir su posición en procedimientos judiciales, así como la forma en que será representada legalmente la rama ejecutiva.
Pese a los cambios de fondo que introduce en el sistema de asesoramiento jurídico del Gobierno, la iniciativa subraya que el fiscal general mantendrá plena independencia en todos los asuntos penales.
La falta de tiempo llevó al diputado Simcha Rothman a promover una versión que no separa las funciones del fiscal general. En cambio, el texto define por primera vez en una ley su responsabilidad de asistir al Gobierno en la aplicación de sus políticas dentro del marco jurídico, presentarle alternativas legales y proteger tanto el Estado de derecho como la interpretación uniforme de la legislación en la rama ejecutiva.
La norma autoriza al Gobierno a apartarse del dictamen del fiscal general y a fijar por su cuenta la posición del Estado. Esa postura será formulada y presentada por el propio fiscal general, salvo que el Gobierno decida otra cosa. Además, el Estado podrá ser representado por otro abogado si el fiscal general informa que no puede defender esa posición o si el ministro competente considera que la postura gubernamental no se expone, o no será expuesta, de forma adecuada.
La semana pasada se informó que la oposición había presentado 14.500 objeciones al proyecto de ley sobre los asesores jurídicos. En ese marco burocrático, el presidente de la comisión, Simcha Rothman, y el diputado Avichai Boaron consiguieron impulsar una objeción conjunta para retirar del proyecto la polémica disposición sobre la subordinación de los asesores jurídicos de los ministerios. “No elevamos una decisión gubernamental al rango de ley, sino que mantenemos la situación vigente. La consecuencia de esta objeción es que la ley no se pronunciará sobre este asunto”, explicó Rothman.
Boaron buscaba aprovechar la tramitación para poner fin a la dependencia profesional de los asesores jurídicos ministeriales respecto de la fiscal general, a raíz de denuncias según las cuales algunos asesores quedan paralizados por temor a la autoridad de la que dependen. Rothman, sin embargo, eligió la vía del “silencio legislativo”, que deja sin cambios la situación jurídica actual, apoyada únicamente en una decisión del Gobierno.
El abogado Elazar Stern, asesor jurídico adjunto de la comisión, confirmó que la eliminación de la disposición mantiene el estado vigente. Su aclaración indignó al diputado Gilad Kariv, quien afirmó que se trataba de una modificación sustancial que exigía un debate separado. La disputa tuvo lugar mientras la comisión debe “pasar” largas horas resolviendo miles de objeciones, muchas de ellas utilizadas para demorar el avance del trámite legislativo.
