El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Knéset, el diputado Zvika Fogel, presentó este jueves un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la asesora jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, y el fiscal del Estado, Amit Isman. La demanda busca que ambos comparezcan personalmente en las sesiones de la comisión, conforme a la Ley Básica: El Gobierno y al Reglamento de la Knéset.
Zvika Fogel pidió al Tribunal Superior que obligue a Gali Baharav-Miara y Amit Isman a presentarse ante la Comisión de Seguridad Nacional tras reiteradas ausencias en debates parlamentarios.
El recurso fue presentado por el bufete Ben-Ari, Marens, Tchelet & Co. y sostiene que la ausencia de altos cargos jurídicos impide a la comisión ejercer su función de supervisión sobre la labor del Gobierno. Fogel afirma que las citaciones emitidas por la comisión no pueden quedar sujetas al criterio discrecional de los funcionarios convocados.
La demanda por las ausencias en la Comisión de Seguridad Nacional
Según la petición, desde el inicio de la legislatura actual, la asesora jurídica del Gobierno no compareció ni siquiera a una sesión de la Comisión de Seguridad Nacional, pese a las convocatorias reiteradas. El documento señala que esta conducta afecta el funcionamiento regular de un órgano parlamentario encargado de debatir asuntos vinculados con seguridad interna, policía y aplicación de la ley.
La demanda añade que, durante las últimas tres semanas, no se celebraron tres sesiones consecutivas sobre temas considerados fundamentales. Entre ellos figuran el tratamiento jurídico de la delincuencia organizada, la investigación a reporteros del Canal 14 y la política de representación legal de los agentes de policía.
De acuerdo con Fogel, en lugar de acudir a las sesiones, Baharav-Miara exigió su cancelación con el argumento de que carecían de pertinencia o respondían a intereses espurios. En otros casos, la asesora jurídica del Gobierno envió a representantes de menor rango, lo que, según la demanda, no satisfizo la obligación de comparecencia personal.
Como consecuencia, la comisión se vio obligada a cancelar reuniones programadas con antelación. El recurso afirma que esa situación debilitó la capacidad del órgano legislativo para cumplir su tarea de control parlamentario y examinar la conducta de las autoridades responsables de la aplicación de la ley.
La base legal invocada por Fogel ante el Tribunal Superior
La petición cita el artículo 42 de la Ley Básica: El Gobierno y el artículo 123 del Reglamento de la Knéset, que establecen la obligación de los funcionarios públicos de comparecer ante las comisiones legislativas. El texto sostiene que el incumplimiento de esa directiva puede constituir una infracción disciplinaria conforme al Reglamento de la Función Pública.
Fogel también solicitó al Tribunal Superior de Justicia una orden provisional que obligue a Baharav-Miara e Isman a presentarse en las sesiones ya fijadas para la próxima semana. La petición busca evitar nuevas cancelaciones y preservar la continuidad del trabajo de la Comisión de Seguridad Nacional.
El diputado de Otzma Yehudit sostuvo que la asesora jurídica del Gobierno no puede decidir por sí misma qué debates parlamentarios son legítimos. Afirmó que la Knéset representa al poder soberano y que sus comisiones tienen autoridad para convocar a altos funcionarios cuando los temas tratados corresponden a sus competencias.
En su declaración, Fogel acusó a Baharav-Miara de “dictar sus propias reglas” y de “erigirse en juez de la legitimidad de los debates de la Knéset”. Añadió que ha llegado el momento de que el Tribunal Superior de Justicia aclare que la ley se aplica a todos, incluidos quienes ocupan los cargos jurídicos más altos del Gobierno.
Críticas de los abogados a Baharav-Miara e Isman
Los abogados Eran Ben-Ari y Assaf Tchelet, representantes de Fogel en la demanda, también cuestionaron la conducta de la asesora jurídica del Gobierno y del fiscal del Estado. Según los letrados, ambos funcionarios deben rendir cuentas por sus actos y omisiones ante la ciudadanía israelí mediante su comparecencia en las sesiones de las comisiones de la Knéset.
Los abogados afirmaron que la obligación del Parlamento de supervisar la labor del Gobierno no puede materializarse si altos cargos de la función pública ignoran las citaciones. Sostuvieron que, precisamente por ocupar posiciones centrales en el sistema de aplicación de la ley, Baharav-Miara e Isman deberían actuar como modelo de respeto institucional hacia la Knéset.
La demanda plantea una disputa institucional sobre los límites entre el poder de supervisión parlamentaria y la autonomía de los altos funcionarios jurídicos del Gobierno. Para Fogel, la negativa a comparecer no constituye una diferencia de agenda, sino una afectación directa al funcionamiento de la comisión que preside.
El recurso ante el Tribunal Superior coloca en el centro del debate la autoridad de las comisiones de la Knéset para exigir la presencia de funcionarios públicos. La decisión judicial podría definir el alcance práctico de esa obligación y el modo en que los principales responsables del sistema jurídico gubernamental deben responder ante el Parlamento israelí.
