Lo ocurrido en la ciudad española de Ceuta, donde decenas de miles de jóvenes marroquíes entraron y se dedicaron al pillaje, puede leerse como una advertencia sobre el futuro que podría aguardar si no se toman decisiones en el presente. En ese sentido, la escena recuerda al Cuento de Navidad de Charles Dickens y a su visión de las consecuencias que aún pueden evitarse.
El episodio también invita a caer en la schadenfreude. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, mantiene una hostilidad particular hacia Israel y acostumbra a reprochar a Estados Unidos sus políticas. Desde esa perspectiva, sería fácil interpretar la invasión de Ceuta a finales de la semana pasada como un castigo merecido para él.
Pero una cosa es extraer lecciones de lo ocurrido y otra convertir a España en objeto de desprecio. Ceuta ofrece una imagen de lo que podría suceder si se repitiera una política migratoria como la del expresidente Joe Biden, con una frontera abierta a otra invasión. Sánchez tiene responsabilidad por lo sucedido, pero eso no justifica censurar al país, sostener que recibió lo que merecía ni, mucho menos, poner en duda que Ceuta sea española.
Para entender la crisis conviene comenzar por las decisiones y declaraciones del propio Gobierno español que precedieron a la entrada masiva de marroquíes el jueves 30 de julio.
El año pasado, Sánchez anunció una amnistía para un millón de inmigrantes que viven ilegalmente en España. Esa decisión bien pudo contribuir de manera decisiva a que más de 70 000 marroquíes se dirigieran hacia Ceuta, enclave situado en la costa africana y fronterizo con Marruecos.
A ese mensaje se sumó el de Irene Montero, ministra de Igualdad de Sánchez hasta 2023. Poco después de anunciarse la amnistía, Montero afirmó durante un mitin que quería sustituir a los españoles conservadores por votantes nacidos en el extranjero que estuvieran dispuestos a respaldar a su formación marxista, Podemos.
También hubo un elemento judicial. Poco antes de la oleada migratoria, el Tribunal Supremo español resolvió que los inmigrantes llegados por mar, a diferencia de quienes acceden por tierra o vulneran las vallas fronterizas, no podían ser deportados sin el correspondiente debido proceso. En los días previos a la invasión, numerosas publicaciones en plataformas de redes sociales marroquíes discutieron esa sentencia.
Sánchez atribuyó a las organizaciones de tráfico de personas la difusión en redes sociales del contenido de la decisión judicial y las acusó de alentar a ciudadanos marroquíes a cruzar hacia España. Según las estimaciones del Ministerio del Interior español difundidas el martes, 72 000 invasores entraron en Ceuta. El Ministerio sostiene que cerca de 70 000 regresaron posteriormente a Marruecos, aunque esa cifra ha sido objeto de discusión.
La responsabilidad política de Sánchez, por tanto, resulta difícil de ignorar. Y es precisamente ahí donde aparece la tentación de la schadenfreude. El presidente español se sitúa muy a la izquierda, más que cualquier otro dirigente de la OTAN, y ha mantenido reiterados choques tanto con la Administración Trump como con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Uno de esos enfrentamientos se produjo en la cumbre de la OTAN de 2025. Sánchez rechazó entonces la exigencia del presidente Donald Trump de que todos los países miembros destinaran el 5 % de su PIB a defensa. Definió esa propuesta como “incompatible con nuestra visión del mundo” y después continuó cuestionando otros aspectos de la política exterior de Trump, incluidas las operaciones militares estadounidenses contra Venezuela e Irán.
En enero, España se sumó a Brasil, Colombia, Uruguay y México en una declaración conjunta que condenó la captura por parte de Estados Unidos del exdictador venezolano Nicolás Maduro. La reacción contrastó con la de otros dirigentes europeos, entre ellos los líderes de Alemania y Francia, que elogiaron la operación.
Las diferencias volvieron a quedar de manifiesto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos inició la Operación Furia Épica contra Irán. Sánchez calificó los ataques de “ilegales e injustificables” y, acto seguido, prohibió a Estados Unidos utilizar las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón, en territorio español.
Su relación con Israel ha estado marcada por críticas igualmente severas. Después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Sánchez se comprometió de inmediato a que España dejara de vender armas a Israel. Posteriormente, su Gobierno reconoció a Palestina como Estado y, durante una intervención ante el Parlamento español en 2025, Sánchez describió a Israel como “Estado genocida”. Con esa expresión se convirtió en el dirigente europeo de mayor rango que había empleado esas palabras para referirse al Estado judío.
Ese mismo año, España se sumó a otros países, entre ellos Sudáfrica, en una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Israel por sus operaciones militares en Gaza.
Todo ello puede alimentar la satisfacción ante los problemas que ahora afronta Sánchez. Sin embargo, la schadenfreude —el término alemán que describe el placer ante el sufrimiento de otros— comparte un peligro con otros vicios: una vez aceptada, puede extenderse mucho más allá de su objetivo inicial.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo cuando el rechazo a Sánchez se transforma en hostilidad hacia España en su conjunto. Confundir al presidente con el país supone ignorar que España y Sánchez no son equivalentes.
El jefe del Gobierno, además de estar cercado por acusaciones de corrupción, ni siquiera dispone de una mayoría parlamentaria que permita presentarlo como representante indiscutible del conjunto de los españoles. En las elecciones generales de 2023, el Partido Socialista Obrero Español logró solo 121 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 91 de los 266 puestos del Senado.
En ambas cámaras, el PSOE quedó claramente por detrás del Partido Popular, principal fuerza de la oposición. Sin embargo, el PP, de centroderecha, tampoco alcanzó una mayoría absoluta en el Congreso, ni siquiera sumando sus escaños a los del partido conservador Vox.
Sánchez consiguió entonces formar un Gobierno minoritario junto con la formación marxista Sumar. Su permanencia en el poder depende del respaldo de una coalición Frankenstein integrada por partidos que incluyen a comunistas, independentistas, simpatizantes de terroristas vascos y grupos partidarios de privar a España de su familia real.
Las encuestas apuntan ahora a que el PP y Vox podrían superar conjuntamente los 200 escaños en el Congreso de 350 bancas en las elecciones del próximo año. De cumplirse esas previsiones, ambos partidos impulsarían sin duda una política exterior más favorable a Estados Unidos.
Esa perspectiva explica por qué atacar al conjunto de la sociedad española puede terminar perjudicando precisamente los intereses estadounidenses. Algo similar ocurre con la falsedad que circula actualmente en redes sociales según la cual la Cámara de Representantes de Estados Unidos habría aprobado un proyecto de ley que niega que Ceuta y Melilla —la otra ciudad española situada en la costa africana— sean realmente españolas.
Difundir esa afirmación o convertir a los españoles en blanco de ataques solo contribuiría a poner a los votantes del PP y de Vox en contra de Trump y de Estados Unidos. A su vez, eso complicaría la capacidad de los futuros dirigentes conservadores españoles para respaldar las políticas estadounidenses.
La conclusión útil de la crisis no consiste en vilipendiar a un aliado de la OTAN, sino en aprender de lo sucedido en Ceuta. España no es Sánchez.
