Las autoridades estadounidenses están dispuestas a aplicar una prohibición de las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang cuando una ley que lo exige entre en vigor a finales de junio, dijo el miércoles un funcionario de aduanas de Estados Unidos, añadiendo que se requeriría un nivel “muy alto” de pruebas para una exención.
El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó en diciembre la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por salvaguardar el mercado estadounidense de productos potencialmente contaminados por abusos de los derechos humanos en Xinjiang, donde el gobierno de Estados Unidos dice que China está cometiendo un genocidio contra los musulmanes uigures.
La ley incluye una “presunción refutable” de que todos los productos procedentes de Xinjiang, donde las autoridades chinas establecieron campos de detención para uigures y otros grupos musulmanes, se fabrican con trabajos forzados, y prohíbe su importación a menos que se demuestre lo contrario.
China niega los abusos en Xinjiang, un importante productor de algodón que también suministra gran parte de los materiales para paneles solares del mundo, y dice que la ley “calumnia” la situación de los derechos humanos en el país.
Algunos legisladores estadounidenses han apoyado las peticiones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de más presupuesto para aplicar efectivamente esa disposición, que entra en vigor el 21 de junio.
Preparativos de la CBP
“Todos tenemos un calendario muy apretado”, dijo Elva Muneton, directora ejecutiva en funciones del CBP para el Grupo de Trabajo de Implementación de la UFLPA.
“La expectativa es que estemos listos para aplicar la ley uigur el 21 de junio, y que tengamos los recursos”, dijo Muneton en un seminario web sobre la aplicación de la ley. “Así que la pregunta es: ¿estamos preparados para aplicarla? Sí, lo estamos”, dijo.
Los importadores tendrán la opción de reexportar la carga prohibida de vuelta al país de origen, y cualquier exención a la presunción debe ser concedida por el comisionado del CBP e informada al Congreso, dijo Muneton.
“Es importante saber que el nivel de pruebas que va a exigir la ley uigur es muy alto”, dijo.
“Va a requerir documentación, pruebas claras y convincentes, de que la cadena de suministro del producto que se está importando está libre de trabajo forzado”.
La CBP podrá imponer sanciones a los importadores en caso de fraude, dijo.
Pekín negó inicialmente la existencia de campos de detención, pero luego admitió que había creado “centros de formación profesional” necesarios para frenar lo que, según ella, era terrorismo, separatismo y radicalismo religioso en Xinjiang.
