El Fondo Monetario Internacional ha reclamado modificaciones a un proyecto de ley de rescate orientado a sacar al Líbano de la peor crisis financiera de su historia y a permitir a los depositantes acceder a ahorros bloqueados desde hace seis años, según afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam.
La denominada ley de la “brecha financiera” integra un paquete de reformas exigidas por el IMF como condición para acceder a su financiamiento y busca distribuir las pérdidas del colapso de 2019 entre el Estado, el banco central, los bancos comerciales y los propios depositantes.
Salam declaró a Reuters que el IMF solicita disposiciones más precisas sobre la jerarquía de créditos, un componente central del proyecto concebido para definir la forma en que se asignarán las pérdidas dentro del sistema financiero libanés.
“Queremos comprometernos con el IMF. Queremos mejorar. Este es un proyecto de ley”, dijo Salam en una entrevista concedida durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en el centro alpino suizo de Davos.
“Querían que la jerarquía de créditos fuera más clara. Las conversaciones son todas positivas”, añadió Salam, al describir el estado actual de las negociaciones con el organismo internacional.
En 2022, el gobierno estimó las pérdidas derivadas de la crisis financiera en unos $70.000 millones, una cifra que, de acuerdo con analistas y economistas, probablemente sea hoy superior a ese cálculo inicial.
Salam recalcó que Líbano continúa presionando para concretar un programa del IMF largamente postergado, aunque advirtió que el tiempo apremia, ya que el país ha sido incluido en una “lista gris” financiera y enfrenta el riesgo de caer en la “lista negra” si las reformas vuelven a estancarse.
“Queremos un programa del IMF, y queremos continuar nuestras discusiones hasta lograrlo”, afirmó, antes de añadir: “La presión internacional es real… Cuanto más retrasemos, más dinero de la gente se evaporará”.
El proyecto de ley, aprobado por el gobierno de Salam en diciembre, se encuentra bajo revisión del Parlamento. Su propósito es ofrecer a los depositantes una vía garantizada para recuperar sus fondos, reactivar el crédito bancario y cerrar una crisis que dejó casi un millón de cuentas congeladas y destruyó la confianza en el sistema.
La hoja de ruta plantea reembolsar a los depositantes hasta 100.000 dólares en un plazo de cuatro años, comenzando por las cuentas de menor tamaño, y prevé auditorías forenses destinadas a determinar el alcance de las pérdidas y las responsabilidades correspondientes.
El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, quien impulsa la agenda de reformas junto a Salam, señaló a Reuters que resulta indispensable rescatar un sistema bancario vaciado y evitar que el país profundice su deriva hacia una economía paralizada y sustentada únicamente en efectivo.
Según Jaber, el objetivo es aportar claridad a los depositantes tras años de incertidumbre y poner fin a un esquema que ha debilitado la posición internacional de Líbano y su credibilidad financiera.
El ministro encuadró la ley dentro de un ajuste de cuentas más amplio, al tratarse de la primera ocasión en que un gobierno libanés afronta de manera conjunta el colapso del sector bancario, el banco central y la tesorería estatal.
Las reformas financieras fueron bloqueadas reiteradamente durante los últimos seis años por intereses políticos y privados, y Jaber sostuvo que la responsabilidad recae ahora en los legisladores encargados de su tratamiento.
No avanzar, advirtió, mantendría a Líbano atrapado en “un túnel profundo y oscuro” sin posibilidad de retorno a un sistema funcional y sostenible.
“Líbano se ha convertido en una economía de efectivo, y la verdadera pregunta es si queremos permanecer en la lista gris o avanzar sonámbulos hacia una lista negra”, concluyó Jaber.
