Varios gobiernos de Europa donaron fondos a organizaciones con el propósito específico de luchar contra Israel en foros legales internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, que anunció la semana pasada que investigará los supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel y los palestinos.
Entre los gobiernos que financian la lucha contra Israel a través de los palestinos y las organizaciones israelíes se encuentran Suiza, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Francia y la Unión Europea, según descubrió la ONG Monitor.
El contrato entre el gobierno suizo y la Asociación de Derechos Humanos Al-Dameer, con sede en Gaza, especifica bajo la categoría de “lobbying, defensa y trabajo en red” que la ONG planea “proporcionar e informar al CPI sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la IOF”, que significa “Fuerzas de Ocupación de Israel”.
El contrato de Suiza con el Centro Palestino de Derechos Humanos con sede en Gaza incluye entre sus actividades planificadas “la realización de comunicaciones con la oficina del Fiscal General de la CPI y otros mecanismos de litigio internacional”, “el envío de comunicaciones a los mecanismos de litigio internacional”, con la CPI mencionada específicamente, y “permitir que las víctimas y los testigos comparezcan ante los mecanismos de litigio internacionales”.
Las medidas de éxito declaradas por PCHR incluyen el número de reuniones que tiene con el Fiscal General de la CPI, la cantidad de comunicación que tiene con los mecanismos de litigio internacional y el número de testigos que les envía.
Ambas organizaciones mencionadas tienen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que es un grupo terrorista designado en la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá e Israel. Han celebrado eventos conjuntos en los últimos años, y el vicepresidente del consejo de administración del PCHR es el antiguo líder del brazo militar del FPLP.
La organización Al Mezan, recibió 450.000 euros de la Unión Europea en 2017-2020 y unos 200.000 euros de Holanda en 2018. La ONG enumeró “la contribución a la aplicación de los mecanismos internacionales de derechos humanos” como uno de sus objetivos en su contrato con Holanda. La organización pide a los órganos jurídicos internacionales que soliciten órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, entre otras campañas legales.
Entre 2014 y 2017, los gobiernos de Suecia, Suiza, Dinamarca y Holanda financiaron la “Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, destinada a apoyar “los esfuerzos actuales y futuros de documentación e investigación de las OSC [organizaciones de la sociedad civil] con el fin de ayudar y apoyar a los mecanismos nacionales e internacionales”.
Todas las organizaciones mencionadas recibieron financiación de este consorcio, al igual que varias ONG israelíes, entre ellas B’Tselem, que “actúa principalmente para cambiar la política israelí en los Territorios Ocupados y asegurar que su gobierno… protege los derechos humanos de los residentes allí y cumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.
B’Tselem ha recibido fondos de la Oficina del Representante de Holanda en Ramallah, así como de una organización eclesiástica sueca llamada Diakonia, financiada por Suecia, Holanda, Francia, Suiza y la Unión Europea, destinada específicamente a examinar los fallos del Tribunal Supremo israelí.
Diakonia destinó fondos por 176.000 euros en 2018 y 87.12 NIS en 2019 para “examinar las sentencias de los tribunales” sobre los derechos humanos palestinos y las demoliciones de viviendas, respectivamente.
Los fondos holandeses se destinaron a un “informe sobre el papel de la Corte Suprema israelí”, uno de los varios realizados por B’Tselem en los últimos años, y sus documentos señalan que “B’Tselem se refiere regularmente a la Corte Suprema como uno de los principales mecanismos que permite la ocupación en curso y las violaciones de los derechos humanos al otorgar legitimidad judicial a las políticas de Israel”.
Holanda también ha financiado a Yesh Din con 160.930 euros en 2018. Yesh Din alega que los tribunales israelíes no pueden investigar las acusaciones de irregularidades cometidas por el ejército o el gobierno israelí y presiona para que la CPI investigue los crímenes de guerra contra los funcionarios israelíes.
Esto es de particular relevancia para la investigación de la CPI, porque uno de los argumentos que Jerusalén ha presentado contra la autoridad de la Corte de La Haya para investigar a Israel es que tiene un poder judicial legítimo e independiente y que la CPI está destinada a enjuiciar a los gobiernos de países donde no es así. La CPI planea examinar esa afirmación.
Otra organización palestina profundamente involucrada en la lucha contra Israel en los organismos jurídicos internacionales es Al-Haq, financiada por la Unión Europea, Francia, Irlanda, Italia, Noruega y España.
El director de Al-Haq, Shawan Jabarin, fue condenado por reclutar y entrenar al FPLP en 1985, y tan recientemente como en 2009, la Corte Suprema de Israel determinó que sigue participando en sus actividades.
