Reportes atribuyen a una oficina de alto rango del gobierno de Qatar la contratación de una empresa de inteligencia privada para hallar material que desacreditara a la mujer que denunció por abuso sexual al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El encargo buscó socavar su credibilidad.
Highgate, con sede en Londres, recibió además la misión de atar a la mujer con Israel, pero no halló pruebas, según The Guardian. El mismo fiscal había emitido el año pasado órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Highgate y la firma menor Elicius Intelligence recabaron datos personales sustantivos sobre la presunta víctima de Khan y sobre su familia, indicó The Guardian. Los investigadores privados penetraron en su entorno digital y físico y construyeron perfiles detallados con información sensible obtenida a través de diversas fuentes y contactos reservados.
Khan se apartó en mayo a la espera de una pesquisa por conducta sexual inapropiada, acusación que negó de forma tajante. La ONU mantiene una investigación y, desde entonces, al fiscal lo señalan por represalias contra personal que respaldó a su acusadora, incluida la degradación de subordinados críticos.
La ofensiva dirigida contra la acusadora de Khan arrancó a inicios de este año y participaron ejecutivos de Highgate, que cuidaron cada referencia al contratante. En comunicaciones internas lo nombraron “país cliente” o “país Q”, de acuerdo con la versión publicada por The Guardian y fuentes conocedoras.
El conjunto recopilado incluyó los datos del pasaporte de la mujer, contraseñas usadas en sus cuentas en línea y una dirección de correo privada aparentemente obtenida en la web oscura. Highgate también rastreó itinerarios de vuelo y trató de localizar el certificado de nacimiento de su hijo menor.
Miembros de Highgate sostuvieron reuniones con representantes de Khan, según relataron a The Guardian personas al tanto del caso. Aquellos contactos se realizaron en paralelo a la obtención de información y a las otras tareas de rastreo que la compañía ejecutó como parte de su encargo contratado desde el extranjero.
En una declaración remitida a The Guardian, Highgate confirmó que condujo una operación vinculada con la CPI, pero afirmó que no había “actuado contra ningún individuo” y rechazó haber recibido el encargo del “gobierno de Qatar”. La empresa defendió su trabajo y se distanció del patrocinador señalado.
La misma nota de Highgate tildó de “inexacta” la aseveración de The Guardian según la cual buscó información sobre el hijo de la mujer. La compañía negó ese componente de la investigación y afirmó que su actividad siguió límites definidos dentro de su mandato corporativo.
“Highgate dirigió una evaluación independiente sobre posibles actividades encubiertas o inapropiadas que pueden haber buscado socavar la credibilidad, la independencia o la eficiencia de la CPI”, dijo. “La revisión ha considerado varios incidentes que involucran a varias personas durante un período prolongado”. Esas frases constituyeron el núcleo de su postura.
Highgate no negó haber sostenido encuentros con los representantes del fiscal, aunque definió cualquier detalle sobre esas citas como “privada, comercialmente sensible y confidencial”. La firma alegó obligaciones de reserva y se remitió a consideraciones comerciales para evitar difundir información adicional sobre las interacciones mantenidas.
Los abogados de Khan tampoco negaron que esa reunión ocurriera, pero sostuvieron que sus representantes “no tenían conocimiento, y mucho menos participación en, las supuestas actividades” de Highgate. La defensa del fiscal marcó distancia de las pesquisas privadas y negó vínculos operativos con los contratistas externos.
Elicius Intelligence rehusó comentar. El gobierno de Qatar no ofreció respuesta a la solicitud de comentarios. La ausencia de posiciones oficiales dejó sin aclaración pública el alcance del encargo y las motivaciones del cliente estatal referido en los documentos internos citados por las fuentes y el medio.
En agosto, The Guardian informó que una segunda mujer se presentó para denunciar a Khan por conducta sexual inapropiada. Ese nuevo testimonio amplió el expediente mediático en torno al fiscal y añadió presión institucional sobre los mecanismos de control que revisan su actuación dentro de la fiscalía internacional.
En abril trascendió que los investigadores de Naciones Unidas, a cargo del examen de las denuncias de conducta sexual inapropiada, también indagaban acusaciones de represalias contra personal que había reportado esos señalamientos o cuestionado la gestión del asunto. El foco se extendió a patrones administrativos y decisiones disciplinarias asociadas.
Allegados a Khan buscaron presentar las imputaciones iniciales como una campaña de desprestigio promovida por intereses pro-Israel. Ese encuadre circularon en conversaciones y explicaciones oficiosas, con la intención de debilitar la acusación y colocar la narrativa dentro de disputas políticas externas ajenas a la conducta personal investigada.
Los intereses pro-israelíes “pueden haber explotado la historia, pero no crearon la historia”, expresó al periódico una fuente de la CPI, una de las cinco que descartaron la tesis del complot israelí. Aquellas voces internas negaron una fabricación externa del caso y remarcaron su autonomía.
El 24 de noviembre de 2024, la CPI ordenó detener a Netanyahu y a Gallant bajo sospecha de ordenar crímenes de guerra durante la campaña de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza, tras la invasión, masacres y toma de rehenes del 7 de octubre de 2023.
Jerusalén rechazó esas imputaciones y afirmó que su guerra persigue devolver a los rehenes, derrotar a Hamás y neutralizar una futura amenaza desde Gaza, y que sus fuerzas actúan conforme al derecho internacional. Esa postura oficial sostuvo la legitimidad de la operación frente a los señalamientos del tribunal.
La CPI también libró órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás, todos posteriormente asesinados por Israel. Esas acciones completaron el conjunto de medidas judiciales derivadas del expediente sobre Gaza y añadieron objetivos de la organización islamista a la persecución penal internacional en curso vigente.
