Estados Unidos impondrá sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, una medida de mayor alcance que las restricciones anteriores contra sus jueces y fiscales. El Gobierno de Donald Trump prohibirá las transacciones con el tribunal y las nuevas disposiciones podrían afectar también a las empresas que le proporcionan servicios.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las sanciones en un comunicado preparado antes del anuncio oficial. Aseguró que Trump no permitirá que la CPI procese a estadounidenses y calificó al organismo de “tribunal deshonesto”. Explicó que la prohibición busca privarlo de recursos y obstaculizar su capacidad operativa.
La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, rechazó las sanciones y defendió la continuidad del trabajo judicial. Consideró que estas restricciones pretenden debilitar el Estado de derecho internacional y perjudicar a una institución independiente. También afirmó que la corte proseguirá con sus investigaciones, sus causas abiertas y sus procesos penales.
El enfrentamiento entre Washington y el tribunal tiene antecedentes en las órdenes de arresto dictadas contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Otro motivo de tensión fue una investigación de la CPI sobre la actuación de militares estadounidenses en Afganistán, un expediente que el tribunal ya cerró.
La decisión estadounidense se produce pocas horas después de que un antiguo juez de la CPI ganara el Premio Nobel de la Paz. La ampliación de las sanciones también plantea un posible conflicto diplomático entre Washington y sus aliados europeos.
