El gobierno de Irán se opone a un proyecto de ley parlamentario que endurecería las penas por actividades consideradas formas de influencia o infiltración extranjera.
La propuesta, respaldada por la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, limitaría los contactos con medios e instituciones extranjeras, el intercambio de información, la cooperación científica y otras actividades que las autoridades consideren favorables a la influencia exterior.
La postura del gobierno marca una diferencia con los sectores más duros del sistema político iraní, que han defendido normas de seguridad más estrictas durante la guerra con Estados Unidos e Israel.
