PARÍS (AFP) – Ebrahim Raisi, el candidato favorito en las elecciones presidenciales de Irán, ha utilizado su posición en el corazón del poder judicial para cometer graves violaciones de los derechos, incluyendo ejecuciones masivas de presos políticos, dicen los activistas.
Afirman que Raisi -que tiene la victoria a su alcance después de que incluso sus rivales conservadores fueran descalificados en los comicios- debería enfrentarse a la justicia internacional en lugar de dirigir su país.
A sus 60 años, el clérigo de rango medio sigue siendo relativamente joven para una figura que ha ocupado una sucesión de puestos clave, empezando casi inmediatamente después de la caída del sha en la revolución islámica de 1979.
Con solo 20 años, fue nombrado fiscal del distrito de Karaj y luego de la provincia de Hamadan, antes de ser ascendido en 1985 a fiscal adjunto de Teherán.
Según los activistas, fue en este puesto donde Raisi desempeñó un papel clave en las ejecuciones de miles de presos de la oposición -en su mayoría sospechosos de pertenecer a la proscrita Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK)- cuando, según los activistas, formó parte de un “Comité de la Muerte” compuesto por cuatro personas que enviaron a los condenados a la muerte sin el más mínimo proceso.
Raisi, considerado por algunos medios de comunicación iraníes como posible sucesor del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha negado su implicación personal en los asesinatos de 1988, pero también ha elogiado la decisión de seguir adelante con las ejecuciones.
Posteriormente, se convirtió en fiscal jefe de Teherán en 1989, y luego, en 2004, en subjefe del poder judicial, cargo que ocupó durante 10 años.
Desde 2019, ejerce como jefe del poder judicial.
“El único lugar de Raisi es el banquillo de los acusados, no la presidencia”, dijo Shadi Sadr, director ejecutivo de Justicia para Irán, con sede en Londres, que hace campaña contra la impunidad de los crímenes en Irán.
“El mero hecho de que sea actualmente el jefe del poder judicial y se presente como candidato a la presidencia demuestra el nivel de impunidad del que gozan los autores de los atroces crímenes en la República Islámica de Irán”, afirmó.
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Sin piedad
Los asesinatos de 1988, que tuvieron lugar entre julio y septiembre de ese año supuestamente por orden directa del líder revolucionario, el ayatolá Ruhollah Jomeini, siguen siendo casi un tabú en el Irán moderno.
La mayoría de los grupos de derechos y los historiadores afirman que murieron entre 4.000 y 5.000 personas, pero el ala política del MEK, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI), sitúa la cifra en cerca de 30.000.
El año pasado, siete relatores especiales de la ONU dijeron al gobierno iraní que “la situación puede equivaler a crímenes contra la humanidad” e instaron a que se realizara una investigación internacional si Teherán no rendía cuentas.
Amnistía Internacional llegó a una conclusión similar en un informe de 2018, en el que identificaba a Raisi como miembro de la “comisión de la muerte” de Teherán que envió en secreto a miles de personas a la muerte en la prisión de Evin, en Teherán, y en la de Gohardasht, en Karaj.
La gran mayoría de los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes sin identificar e Irán sigue ocultando el destino de las víctimas y el paradero de sus restos, acusó.
La investigadora sobre Irán del grupo de derechos humanos, Raha Bahreini, declaró a la AFP que Raisi debe ser “investigado penalmente por los crímenes contra la humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura”, incluso por países extranjeros en virtud del principio de jurisdicción universal.
Según una grabación de audio que salió a la luz en 2016, Hossein Ali Montazeri, que en su momento fue el probable sucesor de Jomeini pero que posteriormente fue apartado, dijo en agosto de 1988 a los miembros de la “comisión de la muerte”, entre los que se encontraba Raisi, que los asesinatos eran el “mayor crimen de la historia de la República Islámica”.
Hossein Abedini, miembro del comité de asuntos exteriores del NCRI, describió a Raisi como un “asesino con corazón de piedra” con un “historial de 40 años de represión”.
Antiguos presos, que ahora viven en el exilio y que dijeron haber sobrevivido a las masacres, declararon en una conferencia organizada por el NCRI la semana pasada que habían visto personalmente a Raisi trabajando como miembro de la comisión.
“Cuando entré en la comisión de la muerte vi a Raisi… con camisa blanca y uniforme de la Guardia Revolucionaria”, dijo en la conferencia Reza Shemirani, que estuvo encarcelado durante 10 años y ahora vive en Suiza.
Raisi, dijo, era el “miembro más activo de la comisión”, mientras que Mahmoud Royaei, que estuvo encarcelado desde 1981 hasta 1991, dijo que Raisi “se esforzó al máximo por ejecutar a todos”.
Royaei añadió: “No tuvo piedad”.
“Pilar de un sistema”
Cuando el Tesoro de Estados Unidos incluyó en noviembre de 2019 a Raisi en las sanciones contra miembros del círculo íntimo de Jamenei, dijo que había participado en la comisión de la muerte de 1988 y también estuvo involucrado en “la brutal represión” de las protestas que siguieron a las disputadas elecciones presidenciales de 2009.
Bajo el mandato de Raisi, según Bahreini de Amnistía, el poder judicial se aseguró de que los responsables de la sangrienta represión de noviembre de 2019 contra los manifestantes, que dejó cientos de muertos, gozaran de “total impunidad”.
“Raisi es un pilar de un sistema que encarcela, tortura y mata a personas por atreverse a criticar las políticas del Estado”, dijo el director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, Hadi Ghaemi.
“En lugar de presentarse como presidente, debería ser juzgado en un tribunal imparcial”, dijo.
