El gobierno de Biden planea “revisar a fondo” las sanciones que la administración Trump impuso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Estados Unidos comparte los objetivos de la CPI de promover la rendición de cuentas por los peores crímenes conocidos por la humanidad. Al mismo tiempo, Estados Unidos siempre ha adoptado la posición de que la jurisdicción de la corte debe reservarse a los países que la consienten, o que son remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo un portavoz del Departamento de Estado citado por The Guardian.
“Por mucho que estemos en desacuerdo con las acciones de la CPI en relación con las situaciones de Afganistán e Israel/Palestina, las sanciones se revisarán a fondo mientras determinamos nuestros próximos pasos”, añadió el portavoz.
En septiembre, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, impuso sanciones a la principal fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a otro alto funcionario de la CPI, Phakiso Mochochoko, después de que las prohibiciones de visado impuestas a Bensouda y a otras personas no consiguieran atajar la investigación de crímenes de guerra del tribunal sobre personal militar estadounidense en Afganistán.
Varios meses antes, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que se imponían sanciones a personas implicadas en la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán.
La orden autorizaba a Pompeo a congelar los activos de los funcionarios de la CPI implicados en la investigación. Además, Pompeo está autorizado a bloquear la entrada de estos funcionarios en Estados Unidos.
Trump también citó las investigaciones de crímenes de guerra de la CPI contra Israel al firmar la orden.
Bensouda anunció a finales de 2019 que tiene la intención de abrir una investigación completa sobre los presuntos “crímenes de guerra” israelíes, y posteriormente dictaminó que “Palestina” es un Estado y la CPI tiene jurisdicción sobre sus casos.