La diputada Ilhan Omar (demócrata de Nueva York) declaró la semana pasada a la cadena de televisión Al-Araby de Qatar que imploraba al gobierno de Biden que apoyara la denuncia contra Israel en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
“Estados Unidos no debe deslegitimar a la CPI y las cosas que debe hacer”, dijo. “Es chocante que se cuestione la legitimidad de la CPI”. Añadió que en Estados Unidos se está socavando la capacidad del tribunal para “investigar, indagar y hacer justicia”.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dictaminó el 5 de febrero, en una decisión por 2-1, que la jurisdicción del tribunal se extiende a “los territorios ocupados por Israel desde 1967”, es decir, Cisjordania (Judea y Samaria), incluidos el este de Jerusalem y la Franja de Gaza.
La decisión significa que la CPI puede ahora iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra israelíes en cada una de estas zonas. La decisión suscitó fuertes e inmediatas críticas, tanto en Israel como en Estados Unidos, y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu la calificó de “puro antisemitismo”, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una objeción formal.
Ni Israel ni Estados Unidos son signatarios del Estatuto de Roma que estableció el tribunal.
Cuando se le preguntó por el futuro de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Omar dio a entender que ella y sus colegas progresistas estaban jugando una larga partida estratégica. “Actualmente no parece que vayan a cambiar muchas cosas, pero tendremos la oportunidad de presionar para que Estados Unidos defienda sus valores y principios”.
También aprobó la retirada de la designación de “terroristas” por parte de la administración Biden a los Hutíes de Yemen, apoyados por Irán, una medida que parece prematura, en el mejor de los casos, teniendo en cuenta el aumento masivo de la violencia en las últimas dos semanas, aproximadamente, mientras el grupo presiona para tomar Marib, el último bastión del norte del gobierno yemení reconocido internacionalmente.