El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que Washington prohibirá las transacciones con la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó de “tribunal deshonesto”. La medida intensifica la campaña que la administración del presidente Donald Trump mantiene desde hace tiempo contra la corte.
La CPI rechazó las sanciones y acusó a Estados Unidos de intentar intimidar a sus empleados e interrumpir el funcionamiento del tribunal. La institución afirmó que no cederá ante esas presiones y que continuará con su labor.
En su respuesta, la corte sostuvo que las restricciones estadounidenses atacan tanto el Estado de derecho como las bases del orden jurídico internacional. A su juicio, también vulneran el principio de que ninguna persona está por encima de la ley. “La historia juzgará este momento”, advirtió.
El tribunal pidió a sus 125 Estados miembros que lo respalden frente a las sanciones. “Su destino ahora también está en manos de los Estados que la crearon”, declaró la CPI en su llamamiento a los países integrantes.
