El jueves, el gobierno del presidente Donald Trump aplicó sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) involucrados en investigaciones contra Israel y Estados Unidos. Estas medidas prohíben a los jueces ingresar a territorio estadounidense y ordenan la confiscación de sus activos en el país, acciones que suelen aplicarse a funcionarios de naciones consideradas adversarias de Washington.
Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó en un comunicado: “Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos de las acciones ilegítimas de la CPI”. Además, exhortó a los países que respaldan a la CPI, muchos de los cuales han recibido apoyo estadounidense, a oponerse a lo que describió como un “vergonzoso ataque contra nuestra nación e Israel”.
La CPI respondió de inmediato con un comunicado que califica las sanciones como “un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todos los rincones del mundo”. Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su respaldo a las sanciones y agradeció a Trump y Rubio por su decisión. “Han defendido con justicia el derecho de Israel, Estados Unidos y todas las democracias a defenderse contra el terror salvaje”, señaló el comunicado.
Dos de los jueces sancionados, Beti Hohler de Eslovenia y Reine Alapini-Gansou de Benín, participaron en los procesos que llevaron al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, a emitir órdenes de arresto en noviembre contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Khan justificó las órdenes al encontrar “motivos razonables” de responsabilidad penal por crímenes de guerra, incluido el uso de la inanición como método de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes. Israel ha negado rotundamente estas acusaciones.
Alapini-Gansou también integró el tribunal que autorizó en 2021 una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Judea, Samaria, Gaza y Jerusalén Este. Por su parte, Hohler, quien trabajó en la fiscalía de la CPI antes de ser jueza en 2023, enfrentó objeciones de Israel por su participación en casos relacionados con funcionarios israelíes. Ella aclaró el año pasado: “Nunca trabajé en la investigación que comenzó en 2021 durante mis ocho años como fiscal”.
Los otros dos jueces afectados, Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú y Solomy Balungi Bossa de Uganda, formaron parte de procesos que autorizaron investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. También han trabajado en casos de la CPI relacionados con Israel.
En febrero, Washington incluyó a Karim Khan en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”, lo que le prohíbe realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y restringe su entrada al país. Khan se retiró temporalmente el mes pasado debido a una investigación por presunta conducta sexual inapropiada.
Ni Estados Unidos ni Israel forman parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI. Sin embargo, la Autoridad Palestina, signataria del estatuto, ha permitido que el tribunal investigue presuntos crímenes en Gaza, Judea, Samaria y Jerusalén Este. La mayoría de los aliados occidentales de Estados Unidos, junto con Japón, Corea del Sur, gran parte de América Latina y varios países africanos, son parte del estatuto y están obligados a detener a los sospechosos en su territorio.
Durante su primer mandato, Trump sancionó al entonces fiscal jefe de la CPI por la investigación sobre Afganistán. Tras su derrota en 2020, Joe Biden adoptó una postura más conciliadora, cooperando con la CPI en casos específicos, como la investigación sobre la invasión rusa a Ucrania. Antony Blinken, predecesor de Rubio, levantó las sanciones y colaboró con el tribunal, aunque criticó su enfoque hacia Israel.
En 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por el secuestro de niños ucranianos durante la guerra. Tanto Putin como Netanyahu han desafiado las acciones de la CPI, evitando viajar a países signatarios del estatuto. En Gran Bretaña, el primer ministro Keir Starmer, exabogado de derechos humanos, ha señalado que cumplirá con las “obligaciones legales” sin aclarar si arrestaría a Netanyahu en caso de una visita.
Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orban, aliado de Trump, se ha distanciado de la Unión Europea al intentar abandonar la CPI y recibió a Netanyahu en abril. Fundada en 2002, la CPI busca enjuiciar a responsables de crímenes graves cuando los países no pueden o no desean hacerlo. Israel y Estados Unidos sostienen que sus sistemas judiciales independientes hacen innecesaria la intervención de un tribunal internacional.
