NACIONES UNIDAS/ÁMSTERDAM — Gobiernos de todo el mundo manifestaron su respaldo absoluto a la Corte Penal Internacional (CPI) tras las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra miembros del tribunal.
Una declaración conjunta de casi 80 países reiteró su compromiso con la independencia y el papel fundamental de la CPI en la justicia internacional. El documento destacó que el tribunal garantiza la rendición de cuentas por crímenes internacionales graves y brinda justicia a las víctimas.
El respaldo provino de diversas regiones, aunque solo representa dos tercios de los 125 Estados miembros de la CPI. Entre los firmantes estuvieron Francia, Alemania y Gran Bretaña. Sin embargo, naciones como Australia, la República Checa, Hungría e Italia no se sumaron al pronunciamiento.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, respaldó abiertamente la decisión de Trump. Su postura coincidió con la visita a Washington del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, buscado por la CPI debido a la guerra en Gaza. Las sanciones de Estados Unidos afectan a funcionarios que investigan a ciudadanos estadounidenses o aliados, como Israel.
Desde la red social X, Orban afirmó que Hungría debe reconsiderar su participación en la CPI, alineándose con la posición de Trump en la política internacional. En contraste, los gobiernos checo e italiano evitaron pronunciarse sobre su ausencia en la declaración conjunta.
El gobierno de los Países Bajos, sede de la CPI, expresó su rechazo a las sanciones y aseguró que seguirá apoyando al tribunal. El primer ministro holandés, Dick Schoof, advirtió que las medidas podrían obstaculizar o incluso paralizar el trabajo de la CPI en ciertas investigaciones. Agregó que el gobierno hará lo necesario para que el tribunal continúe su labor, aunque aún no ha discutido el tema con Trump.
Líderes europeos, como el canciller alemán Olaf Scholz, también criticaron la decisión de la Casa Blanca. Scholz señaló que las sanciones ponen en peligro una institución clave para evitar abusos por parte de dictadores y garantizar la justicia internacional.
La CPI rechazó enérgicamente las sanciones y reafirmó su compromiso de brindar justicia a millones de víctimas en el mundo. En La Haya, funcionarios del tribunal se reunieron para evaluar las implicaciones de las medidas impuestas por Washington, según fuentes de Reuters.
Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de ingreso para los afectados y sus familias. No se ha precisado cuándo se anunciará la lista de personas sancionadas, pero en 2020, la administración Trump tomó acciones similares contra la fiscal Fatou Bensouda y su equipo por investigar presuntos crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán.
Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte de la CPI. La orden ejecutiva de Trump se produjo después de que el Senado, con mayoría demócrata, bloqueara un intento republicano de aprobar un régimen de sanciones específico contra la corte.
Ante el riesgo de restricciones financieras, la CPI tomó medidas preventivas, como adelantar el pago de salarios para mitigar el impacto de las sanciones. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, alertó en diciembre que estas acciones podrían socavar gravemente la operatividad del tribunal e incluso amenazar su continuidad.
El Kremlin también ha dirigido ataques contra la CPI. En 2023, la corte ordenó el arresto de Vladimir Putin por el crimen de guerra de deportar ilegalmente a menores ucranianos. En respuesta, Rusia prohibió la entrada del fiscal Karim Khan y colocó a jueces de la CPI en su lista de buscados.
El tribunal también emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por la guerra contra Hamás en Gaza. La CPI acusa a ambos de crímenes de guerra, como dirigir ataques contra civiles y usar el hambre como método de guerra al bloquear el acceso a ayuda humanitaria.
Israel rechazó con firmeza las acusaciones, asegurando que ha facilitado la entrada de suministros humanitarios y culpando a problemas internos de distribución en Gaza por la falta de acceso a la población. Además, negó ataques intencionados contra civiles, señalando que sus fuerzas toman medidas para minimizar bajas a pesar de que Hamás usa escudos humanos.
La CPI es un tribunal permanente con competencia para procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. Según la corte, las órdenes de arresto contra líderes israelíes se basan en pruebas suficientes y buscan prevenir nuevos crímenes.
