Estados Unidos impuso sanciones al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, lo que generó serias dificultades operativas. Las medidas, ordenadas por el presidente Donald Trump en febrero, congelaron las cuentas bancarias de Khan en el Reino Unido y cancelaron su correo electrónico corporativo, gestionado por Microsoft. Como resultado, el fiscal recurrió a Proton Mail, un proveedor suizo, para comunicarse.
Las sanciones afectan al personal estadounidense de la CPI, con sede en La Haya. Abogados de la corte advirtieron a estos empleados sobre el riesgo de arresto si viajan a Estados Unidos. Seis altos funcionarios abandonaron la organización por temores relacionados con las medidas. Además, la orden de Trump prohíbe a Khan y otros 900 empleados no estadounidenses ingresar a territorio estadounidense y amenaza con multas o prisión a quienes les brinden apoyo financiero, material o tecnológico.
Organizaciones no gubernamentales, clave para las investigaciones de la CPI, redujeron su colaboración. Una entidad trasladó fondos fuera de cuentas bancarias estadounidenses para evitar confiscaciones. Dos grupos de derechos humanos con sede en Estados Unidos dejaron de trabajar con la corte, y uno de ellos ni siquiera responde a los correos de los funcionarios, según empleados de la CPI. Liz Evenson, de Human Rights Watch, señaló que estas acciones impiden que las víctimas accedan a la justicia.
Las sanciones responden a las órdenes de arresto emitidas en noviembre por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Los jueces consideraron que ambos podrían ser responsables de restringir ayuda humanitaria y atacar civiles durante la ofensiva contra Hamás. Israel, que no reconoce la jurisdicción de la CPI, niega las acusaciones y afirma que toma medidas para proteger a civiles mientras enfrenta a grupos terroristas que operan desde infraestructura civil en Gaza.
Las restricciones obstaculizan investigaciones más allá del caso israelí. Por ejemplo, la CPI detuvo su trabajo sobre atrocidades en Sudán, incluidas las órdenes contra el expresidente Omar al-Bashir por genocidio, pese a nuevos informes de violencia. Eric Iverson, un fiscal estadounidense, demandó a la administración Trump para obtener protección contra las sanciones, argumentando que no puede cumplir funciones básicas. Allison Miller, su abogada, confirmó las limitaciones impuestas a su cliente.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, calificó las sanciones como un ataque grave contra los estados miembros, el orden internacional y las víctimas. Funcionarios de la corte, bajo anonimato por temor a represalias, expresaron dudas sobre la supervivencia de la institución durante los próximos cuatro años. Algunos empleados recurren al humor negro, bromeando sobre el riesgo de sanciones incluso por acciones mínimas, como prestar un bolígrafo a Khan.
Trump, firme aliado de Netanyahu, justificó las sanciones al acusar a la CPI de acciones ilegales contra Estados Unidos e Israel, argumentando que establecen un precedente peligroso para el personal militar estadounidense. La Casa Blanca no comentó al respecto. En Israel, el Knéset evalúa una ley que penalizaría colaborar con la corte, mientras Netanyahu calificó las acusaciones como absurdas.
Esta no es la primera vez que Trump actúa contra la CPI. En 2020, sancionó a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, por investigar crímenes en Afganistán, medidas que Joe Biden revocó en 2021. Actualmente, tres demandas en Estados Unidos, incluida la de Iverson, desafían las sanciones por violar la libertad de expresión. Iverson obtuvo protección temporal, pero otros empleados estadounidenses necesitarán acciones legales propias.
La CPI enfrenta desafíos adicionales. Tres países, dos de la Unión Europea, se negaron a ejecutar órdenes de la corte en el último año. Internamente, Khan enfrenta una investigación de la ONU por acusaciones de acoso a una asistente, que él niega. También se le señala por tomar represalias contra empleados críticos. Estos factores, combinados con las sanciones, generan incertidumbre sobre el futuro de la institución.
