El Ministerio de Transporte de Israel quedó bajo cuestionamiento por no haber utilizado el Centro Nacional de Perfiles de Pasajeros, una base de datos a la que tenía autorización de acceso. El comentarista político Amit Segal centró sus críticas en ese punto y sostuvo que el ministerio nunca autorizó empleados para consultar el sistema, nunca presentó una búsqueda y tampoco pagó su parte correspondiente.
El centro permite a organismos autorizados consultar información sobre pasajeros y tripulantes de vuelos internacionales. Segal citó como ejemplo la posibilidad de que el Ministerio de Salud identifique a pasajeros procedentes de países con brotes epidémicos y de que Transporte detecte a pilotos que llegan desde países hostiles.
Segal afirmó que la base de datos ya había demostrado su utilidad en otros casos, entre ellos la localización de mujeres israelíes desaparecidas en Viena. A partir de ello cuestionó cómo podía aplicarse una prohibición sobre pilotos de determinados países si el ministerio no utilizaba la herramienta disponible para identificarlos.
Ynet señaló que el Ministerio de Transporte figura entre los organismos autorizados por la Ley del Centro Nacional de Perfiles de Pasajeros, pero que desde la creación de la base de datos no había solicitado ejercer ese acceso. El sistema puede aportar datos sobre la ciudadanía de miembros de tripulaciones y marcar casos que requieren controles adicionales.
El mecanismo presenta además una limitación operativa. Los datos de las tripulaciones pueden incorporarse al sistema poco antes del cierre de las puertas del avión y, en algunos casos, incluso después del despegue. Esa forma de transferencia de información también se encuentra bajo revisión.
La controversia cobró relevancia después de que se conociera que, durante años, miembros de tripulaciones con ciudadanía de países sin relaciones diplomáticas con Israel habían llegado al aeropuerto Ben Gurion. Tras el intento de ataque contra un vuelo de flydubai, las directrices para las aerolíneas se endurecieron y se decidió que ciudadanos de esos países no serían asignados a vuelos con destino a Israel.
Los informes indicaron también que las deficiencias eran conocidas desde antes. Un documento interno del Consejo de Seguridad Nacional citado por Galei Tzahal sostuvo que el Ministerio de Transporte no cumplía con la responsabilidad que le correspondía conforme a decisiones adoptadas en materia de seguridad. El asunto también apareció en un informe confidencial del Contralor del Estado y en conversaciones entre el Ministerio de Transporte, el Consejo de Seguridad Nacional, el Shin Bet y el Mossad.
Funcionarios profesionales del propio ministerio habían advertido que no contaban con las capacidades necesarias para asumir una responsabilidad de seguridad más amplia. Aun así, esa responsabilidad permaneció en manos del ministerio y no se creó un mecanismo alternativo para cubrir la diferencia entre la información disponible en organismos estatales y los controles exigidos.
La División de Seguridad, Emergencias y Ciberseguridad del Ministerio de Transporte, responsable de tareas en los ámbitos aéreo, marítimo y terrestre, opera además con una plantilla reducida. Datos publicados por Ynet sitúan su personal permanente de tiempo completo en unas diez personas, después de salidas de trabajadores y vacantes que no fueron cubiertas.
El Ministerio de Transporte rechazó las acusaciones. Afirmó que no es una agencia de inteligencia y que carece de herramientas para efectuar comprobaciones independientes de antecedentes de inteligencia sobre pasajeros o tripulantes. También sostuvo que algunos informes confundían su responsabilidad sobre vuelos extranjeros con la correspondiente a vuelos chárter.
Tras la serie de informes, el primer ministro Benjamin Netanyahu encargó al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben-Ezra, que designara a una persona para revisar todos los aspectos de la seguridad de la aviación civil extranjera que llega a Israel.
