El Tribunal Supremo de Israel dictaminó el miércoles que una enmienda para incentivar a los infiltrados ilegales a abandonar Israel no es proporcional.
La enmienda revoca las prestaciones sociales depositadas en beneficio de un extranjero que trabajaba legalmente en Israel, pero que no abandonó el país en el momento oportuno. En tal caso, las prestaciones sociales se verían afectadas si el trabajador no abandonara Israel en el momento en que legalmente debía hacerlo.
Según los jueces, si la ley no es modificada por la Knéset en los próximos seis meses, será anulada.
Apoyaron la anulación de la ley la presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, y otros cinco jueces. El juez Noam Solberg se opuso a la anulación.
Los jueces alegaron que perjudicar las asignaciones “daña el derecho constitucional a la propiedad de una manera que no es proporcional”.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir (Otzma Yehudit), respondió a la sentencia: “Esta mañana, el Tribunal Supremo ha vuelto a invalidar una ley destinada a animar a los trabajadores extranjeros a abandonar Israel. La invalidación de hoy por el Tribunal Supremo es la prueba exacta de por qué estamos luchando con todas nuestras fuerzas para aprobar la reforma judicial. Y cuanto antes, mejor”.
