La reciente detención por las autoridades libanesas de una mujer palestina de 64 años, residente en el campo de refugiados de Rashidieh (en la foto), por el delito de carecer de permiso de construcción, ha vuelto a poner de manifiesto la política libanesa de discriminación sistemática contra los palestinos que viven allí.
La detención de una palestina de 64 años por las autoridades libanesas ha vuelto a poner de manifiesto la política libanesa de discriminación sistemática contra los palestinos que viven allí.
La detención es un ejemplo más de la hipocresía de algunos árabes que siguen defendiendo de boquilla a los palestinos mientras privan a estos mismos palestinos de sus derechos básicos.
Líbano merece un premio a la excelencia en hipocresía y doble rasero. El gobierno libanés no pierde ocasión de condenar a Israel por defenderse del terrorismo palestino. Sin embargo, es el mismo Líbano que durante décadas ha practicado una discriminación sistemática contra los palestinos y los mantiene en campos miserables, como guetos, rodeados de alambre de espino y muros.
También es el mismo Líbano que ha encarcelado a una mujer palestina por carecer de permiso de construcción.
Nasra Musa Mubarakeh, también conocida como Um Wissam, residente en el campo de refugiados de Rashidieh, el segundo campo de refugiados palestinos más poblado de Líbano, fue detenida por las fuerzas de seguridad el 3 de julio acusada de construir una casa sin permiso.
En 1997, las autoridades libanesas promulgaron un decreto que prohibía a los refugiados palestinos transportar materiales de construcción a los campos de refugiados del sur del país.
Las autoridades libanesas alegaron que el objetivo de la prohibición era impedir que los palestinos establecieran su residencia permanente en Líbano. Los materiales prohibidos incluían cemento, barras de refuerzo de hierro, grava, arena, baldosas, aluminio, pintura, depósitos de agua y generadores de electricidad. La prohibición especificaba que dichos materiales podían ser confiscados y que los palestinos que infringieran la prohibición podían ser detenidos, interrogados y multados.
La detención de Um Wissam ha desencadenado una oleada de protestas de los palestinos residentes en Líbano.
Activistas palestinos, señalan que Um Wissam padece enfermedades crónicas y toma medicación, pidieron su liberación inmediata.
Su familia instó a las facciones palestinas a “tomar medidas inmediatas para liberarla, después de que las autoridades libanesas se negaran a hacerlo hasta después de haber demolido su casa dentro del campo”.
En una grabación de audio, el nieto de Um Wissam hizo un llamamiento a todos los palestinos interesados para que trabajen por la liberación de su abuela, recluida por las autoridades libanesas en la prisión de Alma, en el norte de Líbano.
“Cualquier persona tiene derecho a vivir en una casa digna de ella; es una de las necesidades de la vida humana”, ha declarado Hassan al-Sayyida, investigador y activista de derechos humanos de la Asociación Palestina de Derechos Humanos.
También Israel ha demolido casas ilegales, pero de árabes y judíos. Además, en Israel no hay ningún decreto ni ley que prohíba la entrada de material de construcción en las ciudades árabes. Israel ni siquiera está haciendo gran cosa respecto a la masiva construcción ilegal por parte de los árabes, que al parecer se han apoderado del 30 % de la tierra, una poéticamente llamada “Área C”: tierra que por mutuo acuerdo en los Acuerdos de Oslo pertenece en su totalidad a Israel. Uno puede ir a las afueras de Jerusalén y ver literalmente innumerables torres de apartamentos ilegales construidas por árabes, así como edificios ilegales más pequeños que se extienden kilómetros hacia el sur. “En la actualidad [2022]… hay 81.317 estructuras ilegales construidas por árabes en esta zona”, según el grupo de investigación Regavim. Además, Israel nunca detiene ni encarcela a nadie por una infracción de construcción.
Al-Sayyida subrayó la necesidad de que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) “se mueva rápidamente para abordar la cuestión, y asuma sus responsabilidades legales hacia la comunidad de refugiados palestinos en Líbano.”
En una declaración a Quds Press, al-Sayyida también pidió a las fuerzas y facciones palestinas que cumplan con su deber hacia nuestro pueblo palestino en Líbano, y que trabajen por todos los medios para la urgente liberación de la mujer palestina que está retenida por las autoridades libanesas hasta el día de hoy.
“Los procedimientos y restricciones impuestos a la entrada de materiales de construcción en los campos palestinos de Líbano están en contradicción con los principios de los derechos humanos”, afirmó Al-Sayyida.
Un segundo caso en un año en el que se detiene a un palestino acusado de “infracción de construcción”. El 28 de julio de 2022, las autoridades libanesas detuvieron a otra palestina, Amal Mousa, también con el pretexto de construir una casa sin permiso. Mousa fue puesta en libertad solo después de que la obligaran a demoler los cimientos de su casa.
La Asociación Palestina para los Derechos Humanos pidió a las autoridades libanesas que adoptaran un enfoque humano que tuviera en cuenta los derechos de los refugiados palestinos en lo que respecta a la construcción sujeta a necesidades humanitarias y demográficas urgentes.
El grupo señaló que existe una necesidad urgente de construir nuevas casas para los palestinos en Líbano, “especialmente porque las casas existentes no son suficientes y no satisfacen el aumento demográfico de la población”, y señaló que muchos palestinos, como en el caso de Um Wissam, se ven obligados a construir casas sobre los tejados de las estructuras existentes.
Según la UNRWA
Los refugiados de Palestina en Líbano se enfrentan a retos sustanciales para el pleno disfrute de sus derechos humanos. Están socialmente marginados, tienen derechos civiles, sociales, políticos y económicos muy limitados, incluido el acceso restringido a los servicios públicos, sanitarios, educativos y sociales del Gobierno de Líbano y se enfrentan a restricciones significativas en su derecho al trabajo y a la propiedad.
La UNRWA también informó de que a los palestinos se les sigue impidiendo el empleo en 39 profesiones como medicina, derecho e ingeniería:
Los refugiados palestinos informan sistemáticamente de que sufren discriminación en las prácticas de contratación y en las oportunidades de empleo. Se enfrentan a restricciones informales en los tipos de trabajos e industrias para los que pueden ser contratados debido a la burocracia adicional en torno a los contratos y permisos de trabajo, y a la discriminación…
En 2001, el gobierno libanés aprobó la ley 296, que ajusta las normas sobre la propiedad extranjera de bienes inmuebles. La ley no menciona específicamente a los palestinos, pero prohíbe que “cualquier persona que no sea nacional de un Estado reconocido… adquiera propiedades inmobiliarias de cualquier tipo”, y, por tanto, sirve muy bien para prohibir que los palestinos que viven en Líbano compren o vendan viviendas.
El periodista libanés Sawssan Abou-Zahr escribió:
“¡Los palestinos tienen legalmente prohibido poseer o heredar propiedades, aunque tengan madres y/o esposas libanesas! Literalmente, no tienen nada en Líbano”.
Los campos palestinos en Líbano, señaló, son asentamientos similares a guetos, a veces rodeados de muros de segregación, alambre de espino y vigilancia militar: “Los campos son bloques de hormigón superpoblados y desorganizados, con infraestructuras decadentes”.
“Es difícil negar que los refugiados palestinos que viven en Líbano han sido sometidos a una discriminación sistemática y a la violación de sus derechos humanos básicos”, señalaba ya en 2008 el Palestine-Israel Journal.
“Los refugiados palestinos se han visto abocados a una pobreza abyecta por la denegación por parte del gobierno libanés de sus derechos a un empleo remunerado, a la seguridad social, a la sanidad pública, a la educación pública y a la propiedad”. El argumento de que la integración de los palestinos en la sociedad libanesa les haría perder su derecho al retorno o alteraría el equilibrio sectario de Líbano no es más que un pretexto que el gobierno libanés utiliza para discriminar a los palestinos, a quienes muchos libaneses culpan de haber causado la guerra civil libanesa. Los refugiados palestinos no piden la ciudadanía; simplemente piden que se les concedan los derechos que se otorgan a otros refugiados en todo el mundo.
El caso de Um Wissam no solo expone el maltrato de los palestinos a manos de un país árabe, sino también el doble rasero de la comunidad internacional y de todos los llamados individuos y grupos propalestinos.
Si las autoridades israelíes hubieran detenido a Um Wissam, su historia habría sido portada de todos los grandes medios de comunicación occidentales. Su difícil situación habría sido destacada por las Naciones Unidas, por todas las denominadas organizaciones de derechos humanos y por todos los grupos antiisraelíes de los campus universitarios de Estados Unidos y Occidente. Los periodistas extranjeros habrían hecho cola frente a la casa de su familia con la esperanza de ensuciar aún más a Israel utilizando los detalles de su caso. Pero como Um Wissam tuvo la desgracia de ser encarcelada por las autoridades libanesas, su caso carece de interés para Occidente.
