El miércoles por la noche, el ministro de Defensa Naftali Bennett ordenó el decomiso de fondos de 32 familias de terroristas con sangre judía en sus manos, que poseen la ciudadanía israelí.
Bennett dijo en una declaración que la confiscación entraría en vigor inmediatamente. Las familias habían recibido los fondos durante años de la Autoridad Palestina como recompensa por los actos asesinos de sus familiares terroristas.
“El asesinato de judíos dejará de ser rentable”, decía la declaración del ministro de defensa.
La semana pasada, por primera vez, Bennett firmó un decreto de confiscación por un total de cientos de miles de shekels de ocho terroristas convictos. Se trata de ciudadanos israelíes condenados por crímenes terroristas, cinco de los cuales fueron condenados a cadena perpetua.
La orden de confiscación se refiere a los salarios mensuales que estos terroristas reciben de la Autoridad Palestina por los delitos que cometieron y también se aplica a sus beneficiarios (es decir, sus familias), que reciben los fondos en su nombre.
Al asumir el cargo, Bennett dijo que intensificaría la guerra contra el terrorismo, incluso empleando lo que llamó “guerra financiera selectiva”.
En ese marco, el martes pasado también firmó un decreto ministerial que impone sanciones financieras a un sospechoso de terrorismo con sede en Londres que se cree que tiene vínculos con Hamás.
El decreto establece que todos y cada uno de los fondos o activos pagados o transferidos a Mohammed Jamil Mahmoud Hersh, un empleado de la Organización Árabe para los Derechos Humanos en el Reino Unido, que está afiliado al grupo terrorista que gobierna Gaza, serán confiscados.
El decreto se emitió de conformidad con la Ley Antiterrorista de Israel.
Un funcionario del Ministerio de Defensa dijo que la directiva era la primera de este tipo con respecto a la lucha contra la financiación del terrorismo, y añadió que en el futuro se seguirán estas órdenes.
