El 18 de mayo, el presidente de la Autoridad Palestina y de la OLP, Mahmoud Abbas, anunció que “la Organización de Liberación de Palestina y el Estado de Palestina están absueltos de todos los acuerdos y entendimientos con los gobiernos de Estados Unidos e Israel y de todas las obligaciones basadas en estos entendimientos y acuerdos, incluidos los de seguridad”.
Este último berrinche de Abbas, y las posteriores acciones para detener unilateralmente la seguridad, la salud y otras formas de cooperación con Israel, plantean varias cuestiones jurídicas y políticas interesantes en relación con la veracidad y la credibilidad de todos y cada uno de los compromisos palestinos, ya sea en los diversos documentos que componen los Acuerdos de Oslo o en otros compromisos internacionales contraídos por los palestinos.
Si los dirigentes palestinos consideran que pueden revocar de manera fácil y libre las obligaciones solemnes de los acuerdos firmados, de los que son testigos y que están garantizados por los dirigentes internacionales, simplemente por capricho de Mahmoud Abbas y sus asesores cercanos y simplemente porque desaprueban e incluso objetan los discursos o las declaraciones de política israelíes, entonces cabe preguntarse qué valor o fiabilidad tienen los compromisos palestinos, pasados, presentes o futuros.
Lo que tal vez sea curioso, si no triste, en la declaración y las acciones de Abbas, es que ostensiblemente no responden a ninguna acción específica de Israel que pueda interpretarse como una violación de esos acuerdos. Israel, fiel a sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de Oslo, no ha hecho ninguna alteración unilateral del estatuto de los territorios.
Las acciones palestinas responden meramente a una disposición del acuerdo de coalición del Gobierno de Israel y a un discurso del primer ministro de Israel en la Knesset, en el que se expresan posibles intenciones de aplicar la ley o la soberanía israelíes a partes de los territorios en una fecha posterior, pero sin que se hayan adoptado realmente esas acciones y sin ningún detalle sobre cómo y si esas acciones se materializarán efectivamente.
Por el contrario, el plan de paz Trump invita a los dirigentes palestinos a participar en la negociación de la aplicación del plan, con amplios incentivos financieros y económicos que beneficiarían enormemente a la población palestina. Pero después de haber rechazado el plan rotundamente, y habiéndose retirado de la mesa de negociaciones, Abbas no está en posición de amenazar o presionar a Israel y a los Estados Unidos. No tiene ningún derecho de veto a su disposición.
A la luz de la declaración de Abbas que absuelve a los palestinos de todas las obligaciones, se plantea la cuestión de si esa derogación, así como la violación real y unilateral por parte de los dirigentes palestinos de sus compromisos en los Acuerdos de Oslo, al obstruir e impedir activamente la seguridad y otras formas de cooperación bilateral, no representa una violación material de esos acuerdos, lo que los frustra y hace imposible su aplicación, permitiendo así a Israel declararlos nulos.
Cabe incluso preguntar a la comunidad internacional qué valor tiene la continua fijación palestina de adherirse a los convenios internacionales en violación de sus compromisos de Oslo, cuando demuestran con tanta firmeza que pueden violar libremente cualquier compromiso de esos convenios y acuerdos sin ninguna razón válida.
Abbas justifica sus acciones contra los Estados Unidos e Israel, en base a su profunda antipatía hacia el Plan de Paz Trump, al reconocimiento por parte de los EE.UU. de Jerusalén como la capital de Israel, y su aversión personal al propio presidente Trump.
Pero el plan de paz Trump, en sí mismo, no viola ningún acuerdo como tal. Simplemente establece un marco aparente para la paz entre los palestinos e Israel, incluyendo el establecimiento de un Estado palestino y la concesión de considerables beneficios económicos para el pueblo palestino.
De hecho, cabe preguntarse cómo puede considerarse que todo esto justifica, jurídica o políticamente, la declaración de Abbas que absuelve a los palestinos de todos los acuerdos y entendimientos, y las instrucciones subsiguientes de obstruir e impedir la cooperación en materia de seguridad con Israel, gran parte de la cual sirve a los intereses de los propios dirigentes palestinos así como a la población palestina.
Por la misma razón, en la práctica, cabe preguntarse cómo se proponen Abbas y sus colegas liberarse de obligaciones como la que se dio en el Intercambio de Cartas de Reconocimiento Mutuo de septiembre de 1993 entre el entonces presidente de la OLP, Yasser Arafat, en nombre del pueblo palestino, y el ex primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, según el cual el jefe de la OLP declaró que “todas las cuestiones pendientes relativas al estatuto permanente se resolverán mediante negociaciones”.
Asimismo, se plantea la cuestión de cómo la derogación de las obligaciones de cooperación en materia de seguridad afectará a los compromisos palestinos, tan fundamentales y vitales, que figuran en los Acuerdos de Oslo de “adoptar todas las medidas necesarias para prevenir los actos de terrorismo, la delincuencia y las hostilidades”.
Por la misma razón, sus obligaciones específicas de prevenir y actuar contra la incitación y la propaganda hostil, así como de cooperar en la prevención de las actividades delictivas, el tráfico de drogas y otras actividades similares, representan obligaciones centrales que, en la medida en que no sean ya violadas repetidamente por los palestinos, constituyen un componente fundamental de la relación israelí-palestina.
Las consecuencias de la violación de esos compromisos podrían ser considerables y muy graves en la medida en que representan el núcleo mismo de la relación de vecindad entre los palestinos y los israelíes.
Su derogación oficial por los dirigentes palestinos, sin razón aparente o justificable, podría considerarse en efecto una violación fundamental de los acuerdos, que daría derecho a Israel a considerarlos nulos y a perseguir sus propios intereses vitales de seguridad y territoriales sin verse limitado por ninguna obligación dimanante de los Acuerdos de Oslo. Esto es particularmente significativo en relación con las disposiciones que tratan de la seguridad del espacio aéreo y la seguridad a lo largo de la costa de Gaza y las disposiciones que conceden derechos de paso a las personalidades y la policía palestinas.
Incluso en la larga lista de esferas de cooperación y coordinación no relacionadas con la seguridad que abarca el Protocolo de Asuntos Civiles del Acuerdo Provisional , entre ellas la salud, la agricultura, el agua y el alcantarillado, las telecomunicaciones, la pesca, los combustibles, las canteras, el turismo y el transporte, así como los demás protocolos del acuerdo que abarcan la cooperación jurídica y las relaciones económicas y financieras, la caprichosa terminación del acuerdo con Israel por parte de Abbas causaría un daño y un sufrimiento considerables a su propia población.
La irresponsable y desacertada declaración palestina debe ser tomada muy en serio, tanto por Israel como por los Estados Unidos y la comunidad internacional, todos los cuales tienen un serio interés en mantener la integridad del proceso de paz.
