AMMAN (Reuters) – El rey Abdullah de Jordania disolvió el parlamento el domingo, dijeron los funcionarios, allanando el camino para las elecciones de noviembre en un momento de creciente descontento popular por el empeoramiento de las condiciones económicas y las restricciones a las libertades públicas bajo las leyes de emergencia.
Según las normas constitucionales, el gobierno debe renunciar en el plazo de una semana.
En julio, la comisión electoral de Jordania fijó el 10 de noviembre como fecha para la celebración de elecciones parlamentarias, después de que el monarca pidiera que se celebraran elecciones en todo el país al final del mandato de cuatro años del parlamento.
El rey emitió un edicto real ordenando la disolución del parlamento, efectivo el domingo. La asamblea está compuesta por 130 legisladores, principalmente funcionarios tribales progubernamentales, empresarios y ex funcionarios de seguridad.
Es probable que esta medida vaya seguida de una reorganización más amplia del gobierno para evitar el desencanto popular por las dificultades económicas, agravadas por el golpe económico infligido por COVID-19, y por las acusaciones de corrupción oficial.
Se espera que la economía de Jordania se reduzca en un 6% este año, ya que está atravesando su peor crisis económica en muchos años, con el desempleo y la pobreza agravados por la pandemia. “Los ciudadanos han perdido la confianza en este gobierno”, dijo Munzir al Huwarat, analista político.
Los políticos liberales e independientes dicen que el gobierno ha utilizado las leyes de emergencia promulgadas el pasado mes de marzo al inicio del bloqueo del coronavirus para limitar los derechos civiles y políticos.
Las autoridades han arrestado a cientos de activistas docentes después de disolver su sindicato electo dirigido por la oposición el pasado mes de julio y han detenido a decenas de disidentes por sus críticas a los medios de comunicación social.
El rey Abdullah nombró al primer ministro Omar al Razzaz en el verano de 2018 para desactivar las mayores protestas en años por los aumentos de impuestos impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la gran deuda pública de Jordania.
Las elecciones se celebrarán con arreglo a un sistema existente que limita la representación de los de origen palestino en favor de los jordanos nativos, que son la columna vertebral del establecimiento político del país.
La principal oposición política de Jordania proviene del movimiento de los Hermanos Musulmanes, pero éste se enfrenta a restricciones legales en sus actividades, dejando a los partidos pro-monárquicos y a algunos islamistas y políticos independientes competir en estas elecciones, según los analistas políticos.
Constitucionalmente, la mayoría de los poderes recaen en el rey, que nombra a los gobiernos y aprueba la legislación.