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El régimen iraní ejecuta a dos hombres por cargos contra la homosexualidad

30 de enero de 2022
en Irán
El régimen iraní ejecuta a dos hombres por cargos contra la homosexualidad

Wikimedia Commons

La República Islámica de Irán continuó con su política homofóbica letal, ejecutando el domingo a dos hombres en base a su sistema de ley Sharia anti homosexuales.

Los dos hombres iraníes, Mehrdad Karimpou y Farid Mohammadi, fueron asesinados en la prisión de Maragheh, en el noroeste de Irán, según la organización Red de Derechos Humanos de Irán. Los hombres fueron detenidos hace seis años.

El régimen iraní utiliza con frecuencia la acusación de sodomía para imponer la pena de muerte a gays y lesbianas. Según un despacho de la Wikipedia británica de 2008, el Estado teocrático de Irán ha ejecutado a entre 4.000 y 6.000 gays y lesbianas desde la revolución islámica del país en 1979.

La Red de Derechos Humanos de Irán ha afirmado que los medios de comunicación controlados por el régimen iraní no han informado de las ejecuciones de los dos hombres en virtud de la ley antigay del país.

“Los dos hombres iraníes fueron ejecutados hoy tras ser declarados culpables de cargos relacionados con la homosexualidad”, tuiteó el Monitor de derechos humanos de Irán. “Los sitios web de derechos humanos identificaron a los hombres como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, de 32 años. Fueron detenidos hace 6 años y estuvieron en la prisión de Maragheh hasta su ejecución”.

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“El régimen de los ayatolás en Irán acaba de ejecutar a dos hombres homosexuales por el delito de sodomía en Irán”, tuiteó el periodista iraní-estadounidense Karmel Melamed. Añadió sus fotos y preguntó: “¿Dónde está la indignación del secretario de Estado estadounidense Antony Bliken, de GLAAD [una ONG que promueve la aceptación del colectivo LGBTQ] y de otros grupos LGBT de Estados Unidos ante este horrible crimen?”.

Sheina Vojoudi, disidente iraní que huyó a Alemania para escapar de la persecución, declaró a The Jerusalem Post: “Las cárceles de la República Islámica están llenas de personas que no han cometido ningún delito y las imágenes filtradas de la prisión de Evin lo demuestran. La República Islámica en Irán se basa en la injusticia, para que quede más claro quiero recordar a Saeed Toosi, el destacado recitador del Corán y profesor que es el favorito de Ali Jamenei. Fue acusado por 19 de sus antiguos alumnos menores de edad del Corán de acoso sexual y violación, pero contaba con la protección del Líder Supremo y su caso fue ignorado por las autoridades”.

Vojoudi, que ha criticado las políticas anti-LGBTQ del régimen iraní, añadió: “¿Por qué alguien como él, que viola a niños, puede seguir su carrera libremente pero los transexuales y homosexuales deben ser detenidos o ejecutados? No hay justicia ni humanidad en la República Islámica. Los países democráticos y el mundo libre quizá deberían empezar a reflexionar sobre sus relaciones con la República Islámica”.

El nuevo presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, declaró en una diatriba antigay en 2014 que las relaciones entre personas del mismo sexo no son “más que salvajismo”.

En diciembre, la Red de Lesbianas y Transexuales 6G informó en su sitio web de que una lesbiana iraní llamada Sarah fue detenida en la provincia de Azerbaiyán Occidental cuando intentaba cruzar la frontera con Turquía.

El año pasado, un importante director de teatro del régimen iraní, Ghotbedin Sadeghi, pronunció en marzo un discurso homófobo contra la perseguida comunidad LGBTQ de Irán, lo que provocó la indignación de los activistas por su retórica antigay.

En enero de 2019, The Jerusalem Post informó que el régimen de Irán ahorcó públicamente a un hombre acusado de homosexualidad.

En 2016, The Jerusalem Post informó que el régimen de Irán había ejecutado a un adolescente gay ese año, la primera ejecución confirmada de alguien condenado como menor en la República Islámica.

Etiquetas: Derechos HumanosIrán

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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