Durante los últimos meses de la guerra entre Israel y Hamás, al menos 100 sospechosos de terrorismo permanecen en centros de interrogatorio ante la imposibilidad de ser trasladados a prisiones, según ha revelado un informe de la prensa hebrea. Este dilema se plantea en un contexto en el que casi 4.000 personas han sido detenidas por sospechas de terrorismo, principalmente en la región de Gaza, desde el comienzo de la guerra.
El informe del Canal 12 destaca que el Servicio de Prisiones de Israel (IPS) solo tiene capacidad para 14.500 reclusos, mientras que la demanda actual asciende a casi 22.000. Esta situación se ve agravada por las recientes detenciones de casi 800 sospechosos en el hospital Shifa de Gaza, donde aún continúan las operaciones militares israelíes. A pesar de los esfuerzos, los centros de detención temporal se enfrentan al límite de su capacidad, lo que complica aún más la acogida de nuevos detenidos.
En respuesta a la creciente crisis, el primer ministro Benjamin Netanyahu dio instrucciones a los ministerios a principios de marzo para que se prepararan para la llegada de miles de nuevos reclusos. Sin embargo, un desacuerdo financiero ha surgido como un obstáculo importante: Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y jefe del IPS, señala al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por retrasar la asignación de 400 millones de NIS (aproximadamente 109 millones de dólares) necesarios para ampliar la capacidad de las prisiones.
Smotrich ha respondido a las críticas argumentando que, tras el estallido de la guerra el 7 de octubre, se han liberado fondos sustanciales para cubrir las necesidades bélicas, incluidos miles de millones de shekels para el Ministerio de Seguridad Nacional. Por tanto, rechaza las acusaciones de Ben Gvir, afirmando que “culpar al Ministerio de Finanzas no es una opción”.
