La Corte de Apelaciones dictó la semana pasada un fallo histórico en favor de la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Hace seis años, Kristie Higgs fue despedida de su cargo como administradora pastoral y responsable de experiencias laborales en Farmor’s, una escuela secundaria en Fairford, Gloucestershire. El motivo fue que había compartido en su cuenta personal de Facebook publicaciones en las que manifestaba su preocupación, conforme a su fe cristiana, sobre la enseñanza en las escuelas de la “fluidez de género” y la idea de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es equivalente al matrimonio entre un hombre y una mujer.
En 2019, tras la denuncia anónima de un padre de familia, la escuela decidió despedir a Higgs. Posteriormente, ella presentó una demanda por despido improcedente ante un tribunal laboral en 2020, pero este falló en su contra. Luego apeló ante un tribunal superior en 2023, que revocó la decisión inicial y ordenó que el caso fuera evaluado nuevamente. Sin embargo, los abogados de Higgs optaron por llevar el asunto directamente a la Corte de Apelaciones en lugar de repetir el proceso en el tribunal laboral.
Este mes, finalmente, la Corte de Apelaciones falló a favor de Higgs. El miércoles pasado, tres jueces dictaminaron que despedir a un empleado “únicamente por expresar una creencia religiosa u otra creencia protegida” constituye “discriminación directa ilegal según lo establecido en la Ley de Igualdad”. Higgs calificó el fallo como “un día histórico para las libertades cristianas y la libertad de expresión”.
Una victoria de esta magnitud se ha hecho esperar demasiado. En los últimos años, varios cristianos han sido sancionados por sus empleadores debido a la expresión de sus creencias fuera del ámbito laboral. Felix Ngole fue impedido de convertirse en trabajador social porque publicó en Facebook su oposición a las relaciones entre personas del mismo sexo. Richard Page fue suspendido y, en la práctica, despedido de su cargo como director no ejecutivo de un fideicomiso del NHS debido a su oposición pública a la adopción por parejas del mismo sexo. Tanto su caso como el de Ngole fueron respaldados por mis colegas de Christian Concern y el Christian Legal Centre. Ambos llegaron hasta la Corte de Apelaciones: Felix ganó, pero Richard perdió.
Los diferentes resultados de estos casos reflejaban la falta de coherencia en los tribunales con respecto a la expresión religiosa. Sus argumentos se habían vuelto cada vez más difíciles de comprender. Los cristianos no sabían cuál era su posición legal ni si expresar sus creencias en redes sociales podía costarles el empleo.
Por eso, el fallo de la Corte de Apelaciones de la semana pasada representa un gran alivio. En esencia, deja claro que los cristianos, y cualquier otra persona, tienen un derecho real a la libertad de expresión. Pueden manifestar sus creencias sin temor a represalias por parte de sus empleadores. Incluso si un empleador no está de acuerdo con una creencia o con la forma en que fue expresada, la ley sigue protegiendo al trabajador.
Este fallo establece de inmediato un precedente legal de gran autoridad para otros casos laborales. A menos que el Tribunal Supremo lo contradiga en el futuro, esta es la interpretación más sólida de la ley vigente. Será utilizado por tribunales inferiores y en el ámbito laboral para garantizar una mayor libertad de expresión.
Se trata de una victoria para todos, pero en especial para los cristianos. Los cristianos, como yo, tenemos mucho que decir y sabemos bien que no a todos les gusta escucharlo. Somos conscientes de que cuando expresamos nuestras posturas sobre género, aborto o eutanasia, muchos estarían encantados de echarnos del debate. Aun así, al menos ahora sabemos que hay menos probabilidades de que perdamos el empleo por ello.
