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Con más de 200 F-35: Europa refuerza su dependencia de EE. UU.

3 de abril de 2025
en Zona de guerra
Con más de 200 F-35: Europa refuerza su dependencia de EE. UU.

F-35

Varios países europeos han adquirido más de 200 F-35, profundizando su integración con EE. UU. mientras se cuestiona la autonomía estratégica del continente.

Europa acelera modernización aérea con aviones de quinta generación

Frente a un entorno geopolítico cada vez más volátil tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, múltiples gobiernos europeos han intensificado sus esfuerzos de rearme, enfocándose en la renovación de sus fuerzas aéreas. Aunque no existe un acuerdo conjunto de la Unión Europea para adquirir de forma centralizada 200 cazas, los pedidos individuales realizados por países miembros de la UE y aliados cercanos superan ampliamente esa cifra. Este fenómeno posiciona al F-35 Lightning II como el avión de combate preferido en el continente.

Estados como Alemania (35 unidades), Polonia (32), Finlandia (64) y Noruega (52) se han sumado a la tendencia de adquirir el caza de quinta generación fabricado por Lockheed Martin. Otros países como Bélgica (34), Dinamarca (27) y Países Bajos (al menos 46) también han incrementado sus pedidos, mientras que el Reino Unido, aunque fuera de la UE, mantiene una flota activa de 48 unidades con planes de ampliación. Estas adquisiciones reflejan un patrón común: la necesidad de sustituir aeronaves como el F-16, el Mirage 2000 y el Tornado, diseñadas en la Guerra Fría.

El resultado de esta convergencia ha sido la consolidación del F-35 como estándar operativo en la región, con implicaciones directas sobre la política industrial y la soberanía tecnológica europea.

Pedidos europeos de F-35 confirmados hasta abril de 2025

  • Alemania: 35 unidades
  • Polonia: 32 unidades
  • Finlandia: 64 unidades
  • Noruega: 52 unidades
  • Bélgica: 34 unidades
  • Dinamarca: 27 unidades
  • Países Bajos: al menos 46 unidades
  • Reino Unido: 48 unidades confirmadas
Lockheed Martin se dispone a entregar 100 cazas F-35 a EE. UU.
Lockheed Martin

El dominio estadounidense desplaza a fabricantes europeos

La creciente adopción del F-35 ha generado controversia en el seno de Europa, especialmente por el impacto que supone para fabricantes como Airbus, Dassault Aviation y Saab. El caza estadounidense ha desplazado a alternativas como el Rafale, el Eurofighter Typhoon o el Gripen, modelos que, si bien siguen vigentes, no han logrado igualar en sigilo ni en sensores al F-35, que se presenta como una solución inmediata frente a amenazas modernas.

Mientras tanto, iniciativas propias como el Sistema de Combate Aéreo Futuro (SCAF), liderado por Francia y Alemania, o el Tempest del Reino Unido e Italia, avanzan lentamente, con una entrada en servicio estimada hacia 2040. En consecuencia, el F-35 llena un vacío estratégico y operativo que los fabricantes europeos no pueden cubrir en el corto plazo.

Este desplazamiento plantea interrogantes sobre la viabilidad de una defensa europea autónoma. Aunque los cazas europeos ofrecen ventajas en coste operativo, como en el caso del Rafale, las capacidades superiores del F-35 en fusión de sensores y guerra electrónica han pesado más en las decisiones de compra.

La situación pone en entredicho la estrategia de autonomía estratégica defendida por Bruselas, al tiempo que fortalece la interdependencia con Estados Unidos en materia tecnológica y operativa.

Costos, logística y software refuerzan el control de EE. UU.

Más allá del coste de adquisición, la operación del F-35 implica compromisos de largo plazo. Lockheed Martin controla una cadena logística centralizada, con actualizaciones, mantenimiento y componentes suministrados principalmente desde Estados Unidos. El coste operativo por hora de vuelo del F-35A supera los 38.000 dólares, según datos de la GAO, una cifra muy superior a la de sus competidores europeos.

Los países europeos, al operar el F-35, deben mantener una coordinación constante con Washington para acceder a repuestos, recibir parches de software y certificar modificaciones. Además, el uso de código propietario estadounidense ha suscitado inquietudes sobre posibles limitaciones externas, si bien no existen pruebas concluyentes que lo confirmen.

Más de 100 F-35 almacenados por retrasos en actualización TR-3
Los aviadores instalan un dispositivo de paquete de instrumentación de reacción rápida (QRIP) en un F-35A en la base aérea Hill en Utah, el 23 de marzo de 2022. Este fue el primer F-35 operativo en recibir un dispositivo QRIP, que registra datos de vuelo que podrían conducir a un desarrollo de software más rápido, una mejor reprogramación y productos más rápidos para los pilotos. (Todd Cromar/Fuerza Aérea)

Este modelo de gestión genera una relación asimétrica entre usuarios y proveedor, donde el país fabricante mantiene el control de los sistemas clave. Algunos expertos han señalado que esto contradice el principio de soberanía operativa en defensa que la UE ha tratado de promover desde 2017.

En la práctica, el F-35 se convierte en una herramienta militar eficaz pero que, en palabras del analista Justin Bronk, “compromete parcialmente la autonomía estratégica” de quienes lo operan.

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Consciente de esta dependencia creciente, la Comisión Europea lanzó en marzo de 2025 el plan “Preparación 2030”, destinado a reforzar la base industrial de defensa del continente. La propuesta contempla una inversión de hasta 800.000 millones de euros en la próxima década, con el objetivo de estimular la producción local y reducir la dependencia de proveedores externos.

No obstante, la expansión del F-35 en Europa parece ir en sentido opuesto a estos objetivos. Francia, por ejemplo, ha insistido en priorizar el Rafale como opción nacional y europea, mientras que España ha evitado sumarse a las compras del caza estadounidense, considerando en su lugar reforzar su flota de Eurofighter, según declaraciones del general Francisco Braco en 2024.

Las decisiones unilaterales de compra han revelado la falta de coordinación en materia de defensa dentro de la UE. Aunque la guerra en Ucrania ha impulsado una mayor conciencia colectiva, aún no se ha establecido una política común de adquisiciones. En consecuencia, los países actúan individualmente, muchas veces bajo presión diplomática de Washington para adoptar sistemas interoperables con la OTAN.

El resultado es un panorama donde Europa invierte cuantiosas sumas en defensa sin consolidar una estrategia industrial ni tecnológica común, lo que refuerza las dudas sobre su verdadera capacidad para sostener una defensa autónoma.

Etiquetas: Estados UnidosEuropaF-35

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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