La Corte Penal Internacional solicitó a Hungría justificar por qué no ejecutó la orden de arresto contra Netanyahu durante su visita en abril.
Hungría ignoró la orden de arresto tras llegada de Netanyahu
La Corte Penal Internacional (CPI) inició un procedimiento contra Hungría por no cumplir con la orden de arresto emitida contra Benjamin Netanyahu, quien visitó Budapest el 3 de abril de 2025. El tribunal recurrió al artículo 87(7) del Estatuto de Roma para exigir explicaciones al gobierno húngaro, tras considerar que su inacción obstaculiza sus funciones judiciales.
La CPI envió una orden confidencial de arresto a las autoridades húngaras tras la llegada de Netanyahu. Sin embargo, el gobierno no respondió a la solicitud. Pocas horas después, el ejecutivo encabezado por Viktor Orban anunció que Hungría se retiraría de la CPI, en una decisión sin precedentes entre los estados fundadores del tribunal.
Las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant se basaron en acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad en el contexto de la guerra de Gaza. La CPI responsabilizó a ambos por usar el hambre como arma, atacar civiles y perpetrar persecución durante la ofensiva militar iniciada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Además de Netanyahu y Gallant, el tribunal también ordenó el arresto del comandante de Hamás Mohammed Deif, ya muerto según Israel, y de los líderes Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, también muertos antes de que se aprobaran las órdenes respectivas.
Datos clave sobre la guerra entre Hungría y la CPI
- Hungría recibió una orden confidencial de arresto el 3 de abril de 2025.
- Orban anunció el retiro de Hungría de la CPI ese mismo día.
- La orden contra Netanyahu fue emitida por presuntos crímenes en Gaza.
- La CPI dio plazo hasta el 23 de mayo de 2025 para recibir la respuesta de Hungría.
- Netanyahu elogió la decisión de Hungría y calificó a la CPI como “corrupta”.
Orban defendió su rechazo a la orden durante la visita oficial
Durante la visita de Netanyahu, Orban declaró que la orden de arresto “no tendría efecto” en territorio húngaro. El mandatario calificó el mandato judicial como una acción “descarada, cínica y completamente inaceptable”, y acusó al tribunal de actuar por motivos políticos.
En una conferencia conjunta, Orban aseguró que la CPI se había transformado en un “tribunal político”, mientras que Netanyahu expresó su apoyo a la decisión húngara y agradeció su “postura valiente”. El primer ministro israelí describió al tribunal como una “organización corrupta” y sugirió que otros países podrían seguir el ejemplo de Hungría.
El gobierno húngaro presentó al parlamento un proyecto de ley para formalizar su salida del tribunal. Según el artículo 127 del Estatuto de Roma, una retirada requiere notificación al secretario general de la ONU y entra en vigor un año después de su recepción.
Mientras el proceso avanza, la CPI reiteró que Hungría sigue legalmente obligada a colaborar con el tribunal, al menos hasta que su retiro sea efectivo.
La comunidad internacional respondió de forma dividida
La postura de Hungría generó reacciones opuestas. Amnistía Internacional condenó la invitación de Orban a Netanyahu, a la que calificó como una maniobra cínica para deslegitimar a la CPI y una ofensa a las víctimas. Human Rights Watch también criticó la decisión, acusando a Orban de debilitar el estado de derecho.
Países europeos como España, Irlanda, Finlandia, Países Bajos, Eslovenia y Bélgica anunciaron que ejecutarían las órdenes si Netanyahu ingresara en su territorio. España fue especialmente contundente, al igual que Irlanda, cuyo primer ministro afirmó que detendrían a Netanyahu si pisaba suelo irlandés.
En contraste, gobiernos como los de Estados Unidos, Argentina, República Checa, Polonia y Rumania rechazaron la orden o expresaron dudas. Joe Biden calificó el mandato de la CPI como “indignante”, mientras que Donald Trump impuso sanciones al fiscal Karim Khan en febrero de 2025.
Otros países como Turquía y Sudáfrica respaldaron la decisión del tribunal. En particular, Sudáfrica mantiene un caso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Israel y sus aliados acusan a la CPI de sesgo y falta de legitimidad
Las acusaciones contra la CPI de actuar con parcialidad se intensificaron tras la emisión de las órdenes. Netanyahu describió el proceso como un “juicio Dreyfus moderno” y lo calificó de “antisemita”, alegando que busca deslegitimar el derecho de Israel a defenderse.
El gobierno israelí cuestionó la jurisdicción del tribunal al afirmar que Israel no es parte del Estatuto de Roma, y que la inclusión de Palestina como estado miembro no le concede autoridad legítima sobre los territorios ocupados.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, sostuvo que la CPI había perdido su autoridad moral al infringir principios básicos del derecho internacional. La crítica se centró en que el tribunal ignora otros conflictos globales mientras prioriza el caso de Israel.
Dentro del mismo marco, algunos sectores usaron la situación personal del fiscal jefe Karim Khan para poner en duda la credibilidad del tribunal.
El fiscal jefe enfrenta investigación interna por acoso sexual
Karim Khan fue denunciado en 2024 por presunto acoso sexual por parte de un miembro del personal de la CPI. El organismo inició una investigación interna conforme a sus procedimientos establecidos.
Los detalles de la acusación no se han hecho públicos. Sin embargo, funcionarios israelíes y otros críticos del tribunal han utilizado el caso para cuestionar la integridad del fiscal y, por extensión, la del tribunal en su conjunto.
La CPI confirmó que maneja el caso bajo reserva, siguiendo sus mecanismos institucionales. El proceso sigue abierto y no se ha informado sobre plazos para su resolución.
Mientras tanto, el caso contra Netanyahu y la respuesta de Hungría han ampliado el foco de atención sobre la CPI y sus métodos.
